Viernes , Noviembre 24 2017

Para la Conferencia Episcopal Panameña, la promoción y la defensa de la institución familiar ha sido siempre preocupación de la Iglesia por su incidencia en el bien y en la felicidad de la persona humana y de la sociedad.

Nuestra Constitución establece a la familia como base de la sociedad. En virtud de esto, apoyamos toda legislación que favorezca y proteja la naturaleza propia de la familia, su identidad, su estabilidad, su bienestar y los derechos de todos sus integrantes.

Por esta razón, la Iglesia Católica, como madre y maestra, está en la obligación de hacer sentir su voz ante la posibilidad de establecer, a través de legislación, modelos contrarios y que atentan contra la familia.

Reafirmamos que la familia y el matrimonio no responden a una ordenación política, jurídica o cultural meramente coyunturales. En realidad, anteceden a la religión, al Estado y a sus leyes, “imponiéndose” a ellos, tal cual son, en virtud de su intrínseca fuerza y belleza.

Compartimos, desde el amor misericordioso de Dios, la obligación del Estado, de eliminar toda forma de discriminación injusta que pueda ser ejercida contra las personas que sienten atracción por el mismo sexo o contra cualquier otro ciudadano. Sin embargo, una cosa es regular jurídicamente las uniones entre personas del mismo sexo en el ámbito de los derechos civiles y patrimoniales y otra, muy distinta, es querer brindar a estas uniones un reconocimiento jurídico como matrimonios lo que, implícitamente, subvierte el orden establecido por la naturaleza humana y por nuestro marco constitucional y legal.

Para tutelar eficazmente los derechos de las personas que sienten atracción por el mismo sexo no es necesario, ni prudente, someter a la institución matrimonial a modificaciones artificiosas o a una reingeniería social contraria a su naturaleza y dinamismo. Hacerlo es una apuesta arriesgada, cuyas consecuencias negativas no logramos todavía vislumbrar.

Las autoridades competentes, en cumplimiento de su alta responsabilidad, no debe ligeramente plegarse a hechos sociales, a presiones mediáticas o de grupos de interés, para otorgar “derechos” que afectan al matrimonio natural entre un hombre y una mujer. Su compromiso es legislar para la promoción del bien común y de la justicia.

Dado que las uniones de personas del mismo sexo poseen, incluso biológicamente, características que las diferencian netamente de la unión que se establece entre un hombre y una mujer, sería injusto otorgarles el “privilegio” de un reconocimiento y de una tutela jurídica que pueda equipararlas al matrimonio o a la familia.

La justicia exige que dichas realidades sean asumidas por quienes tiene la autoridad competente con un criterio diferencial. La justicia, en efecto, no es dar a todos lo mismo sino a cada uno lo que realmente le corresponde.

En nuestro país la familia panameña vive una crisis profunda, cuyas consecuencias estamos sufriendo, no añadamos otro elemento más para desestabilizarla. El matrimonio no se trata de una unión meramente afectiva, es también una unión natural y jurídica, orientada a la procreación, a la educación de los hijos y a la ayuda mutua entre los cónyuges. De ese modo, cimentando las bases de la familia, el matrimonio contribuye de manera insustituible al bien común de la sociedad.

Panamá, 18 de mayo de 2017.

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