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Andorra facilita a Perú información sobre receptores de sobornos de Odebrecht

La jueza de instrucción de Andorra Canolic Mingorance entregó hoy a la Fiscalía de Perú la información solicitada sobre los funcionarios y empresarios peruanos que presuntamente recibieron sobornos o pagos ilícitos de la constructora brasileña Odebrecht en la Banca Privada d’Andorra.

El documento fue recibido por el jefe de la Unidad de Cooperación Jurídica Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación, Alonso Peña, anunció hoy el organismo peruano en un comunicado.

Peña destacó que este acto demuestra el alto grado de confianza entre las autoridades fiscales de ambos países.

La entrega de la información se realizó en el marco de la Convención de Fiscales y Procuradores Generales, que organiza la Fiscalía de Perú en Lima con autoridades de veinte países, entre ellas de Andorra y España.

También están presentes fiscales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Holanda, México, Panamá, Paraguay, Portugal, Reino Unido, República Dominicana y Uruguay.

Entre los investigados por presuntamente recibir sobornos de Odebrecht en Andorra está el exvicepresidente de la petrolera estatal Petroperú Miguel Atala, con supuestos pagos ilícitos por valor de 900.000 dólares.

También se revisan pagos por valor de 435.000 dólares a Jorge Cánepa, exárbitro de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), quien emitió 17 laudos favorables a la empresa brasileña en procesos contra el Estado peruano por varias carreteras.

Otro imputado en la misma investigación es Jorge Peñaranda, director de la empresa Alpha Consult, quien supuestamente recibió un pago de 250.000 dólares.

Igualmente existen transferencias realizadas a Edwin Luyo, expresidente del Comité de Licitaciones del Metro de Lima, quien se encuentra en prisión preventiva desde marzo, y a Víctor Muñoz, que acumuló 4,5 millones de dólares a través de la sociedad Hispamar Investments Perú.

La Banca Privada d’Andorra, junto con el Meinl Bank de Antigua y Barbuda, fueron las entidades usadas por Odebrecht para pagar comisiones ilegales a altos cargos de doce países de América Latina a cambio de adjudicaciones de obras.

En Perú, el caso Odebrecht se centra en trazar el rastro de los 29 millones de dólares que la compañía admitió a la Justicia estadounidense haber pagado en sobornos a funcionarios para adjudicarse millonarias obras entre 2005 y 2014.

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