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Banca panameña advierte a fiscal que generalizar daña confianza en el sistema

La Asociación Bancaria de Panamá (ABP) advirtió a la fiscal general, Kenia Porcell, que los “señalamientos generalizados” dañan la confianza en el sector y la instó a identificar a aquellas entidades bancarias que supuestamente están amenazando al Ministerio Público (MP).

“Los señalamientos generalizados contra el sector bancario ponen en riesgo uno de los activos más importantes del país y la confianza en el sector”, indicó la asociación.

Porcell aseguró el martes en un vídeo que los fiscales que investigan sonados casos de corrupción son objeto de amenazas e intimidaciones por parte de “poderes económicos, políticos, empresariales, mediáticos y de bancos”, que buscan que las investigaciones no se concluyan.

“El sector bancario de Panamá está comprometido con los valores de justicia, principios éticos y transparencia. Los bancos tenemos el mayor interés en asegurar que las investigaciones sean llevadas hasta sus últimas consecuencias”, reiteró la ABP en una nota en la que también le mostró su apoyo al MP para que investigue todos los casos de corrupción y “alcance a las personas responsables”.

La banca panameña se une así a otros gremios sociales y partidos políticos que le han pedido a la fiscal general que identifique y denuncie penalmente a aquellas personas o instituciones que están impidiendo que los fiscales hagan su trabajo.

No es la primera vez que Porcell denuncia públicamente presiones al Ministerio Público, ya lo hizo el pasado 15 de mayo, aunque tampoco en aquella ocasión reveló la identidad de las personas que profieren las amenazas.

En su mensaje del martes, la fiscal general repitió que las pesquisas que adelanta el Ministerio Público están dejando al descubierto “una estructura de criminalidad organizada que se llevó el dinero del pueblo panameño”.

Desde que el presidente panameño, Juan Carlos Varela, asumió el cargo en julio de 2014, el Ministerio Público ha abierto decenas de investigaciones por supuesta corrupción, que involucran a casi todo el gabinete de la Administración de Ricardo Martinelli (2009-2014).

A ello se suma el caso de Odebrecht, por el que están procesadas 43 personas, entre ellas dos hijos de Martinelli, que se encuentran en búsqueda y captura.

El propio expresidente tiene una docena de causas pendientes en el Supremo panameño y actualmente se encuentra detenido en Estados Unidos, a la espera de que un juez federal decida si es extraditado a Panamá por un caso de escuchas ilegales.

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