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El Canal, ejercicio democrático Proyecto de ampliación

La construcción del Tercer juego de esclusas ha puesto a prueba la institucionalidad democrática que gravita sobre los asuntos del Canal.

Por: Orlando Acosta Patiño

El 26 de junio marcó otro hito importante para la historia del país y del Canal de Panamá. Bajo un estricto control que es aplicado a las actividades de tránsito, las tareas lideradas por los pilotos y todo el equipo del Canal de Panamá, se llevó a cabo el tránsito del primer buque postpanamax. Ese día coronó los esfuerzos técnicos y financieros encaminados a concretar la decisión de los panameños de ampliar un Canal. Se cerraron importantes ciclos en la historia canalera.

Este primer tránsito representa la afirmación sobre la capacidad técnica y política de los panameños al momento de determinar el futuro de uno de los más importantes recursos que posee la nación. Se selló el compromiso que se le entregó a la Autoridad del Canal de Panamá para ampliar el Canal mediante mandato popular. La apertura del Canal ampliado es testimonio de la madurez política, técnica y social del Istmo. Fue una decisión a la que se arribó a través de un proceso democrático, un testimonio del respeto que se le debe prodigar a la Constitución –se había establecido que cualquier ampliación o intervención del Canal debería ser sometida a escrutinio de los poderes Ejecutivo, Legislativo y, finalmente, al voto popular–.

A un costo de 5 mil 200 millones de dólares, las obras del Canal incluyeron la profundización y ensanche del cauce de navegación, la construcción de dos juegos de esclusas, la construcción de un canal de aproximación por el Pacífico y el elevamiento del nivel operativo del lago Gatún. Con la profundización del cauce y el aumento del nivel del lago Gatún se incrementa no solo la capacidad de calado de los buques por el Canal, sino también su capacidad de almacenamiento de agua. El novedoso componente de tinas de reutilización de agua para el mejor aprovechamiento del recurso es parte del diseño que busca la mejor administración del agua. Ambas estrategias desarrolladas por el proyecto de ampliación de la vía interoceánica –concernientes al manejo del recurso hídrico– plantean importantes acciones para enfrentar escenarios futuros con relación al cambio climático.

Los tratados

Luego de haber sido transferido a la administración panameña –bajo la ejecución de los Tratados Torrijos-Carter– en diciembre de 1999, el asunto de la pertinencia de una posible ampliación fue validado mediante el ejercicio democrático en la figura de un referéndum, tal como lo establece la Constitución.

Con el Canal ampliado se culmina una tarea que, más allá de lo técnico, es el resultado de un ejercicio de democracia que, junto con la maquinaria humana, congregó esfuerzos para a aumentar los aportes de ingresos que la empresa canalera genera y entrega al país. En otras palabras, este Canal ampliado ha puesto a prueba la institucionalidad democrática que gravita sobre los asuntos de la ruta interoceánica, así como la capacidad técnica de hombres y mujeres panameños en llevar adelante un proyecto complejo reconociendo los beneficios de un territorio con una vocación de tránsito.

Los tratados del Canal establecieron en sus términos la reversión a la administración panameña de todas las tierras, aguas, edificios e instalaciones de la antigua Zona del Canal, culminando el proceso con la transferencia misma del Canal, en diciembre de 1999. Los asuntos inherentes a la negociación, firma y ejecución de los tratados canaleros tienen una larga, fascinante y compleja historia de procesos para el desmantelamiento de la Zona del Canal, de todos los componentes administrativos, urbanos, sociales y ambientales. Parte del desafío era la administración y adecuación de la organización para la transferencia y manejo de la franja canalera.

Los temas del Canal –en la última década de los años noventa– tienen en su espíritu un alto sentido democrático. Los asuntos vinculados al proceso de reversión fueron pactados por la sociedad civil y los políticos para definir la institucionalidad para el manejo de los bienes revertidos. Esto fue discutido en los encuentros de Bambito y Coronado, culminando en la identificación de las figuras de la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) para la administración y custodia de los bienes revertidos y de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), responsable entonces del Canal, sus esclusas y patrimonio. Es en ese consenso que se recomienda que los temas de Canal fuesen llevados a nivel de un título constitucional.

Asunto de Estado

Producto del consenso político, el título constitucional coloca, entonces, al más alto nivel de jerarquía administrativa y jurídica los asuntos del Canal. Es decir, el Canal de Panamá, sus responsabilidades concernientes al recurso hídrico, los temas administrativos y los asuntos de su posible ampliación quedaron sujetos al nivel jerárquico constitucional. Esto marca un precedente único en la normativa panameña que reconoce que el tema de la vía marítima es prioritario e inédito para la nación, por lo que debe ser blindado para los intereses que sean ajenos a los de la colectividad. Llevar a ese nivel los asuntos del Canal lo han robustecido en cuanto a posibles modificaciones o intromisiones de otros intereses.

El Artículo 325 de la Constitución establece que cualquier propuesta de construcción de un Tercer juego de esclusas –o un Canal a nivel que fuese propuesto por la ACP– tendría que ser sometida a consulta popular mediante un referéndum. La propuesta de ampliación fue presentada por el Ejecutivo con base en el resultado de largos años de estudios realizados por la ACP. La misma debería ser aprobada por el Órgano Ejecutivo para, posteriormente, ser sometida a la Asamblea Nacional para su aprobación. El ordenamiento sobre estos temas determina que la consulta popular debe ser realizada en los 90 días que siguen a su aprobación por los diputados de la República.

El 22 de octubre de 2006 se llevó a cabo el referéndum. “¿Aprueba usted la propuesta de construcción del tercer juego de esclusas en el Canal de Panamá?”. Este fue el texto –impreso arriba de las dos opciones de voto– de la papeleta única de votación, la cual estaba dividida por mitad con dos opciones: el “Sí”, a la izquierda con un fondo verde; y el “No”, a la derecha con fondo rojo. La ampliación del Canal de Panamá fue aprobada con 76.83 % de los votos escrutados por el Tribunal Electoral. Las obras empezaron oficialmente casi un año después, el 3 de septiembre del 2007.

Canal e institucionalidad

La decisión de ampliar la ruta interoceánica tiene como antecedente una discusión previa a escala nacional en materia de ejecución de los tratados del Canal. Lo anterior llevó a la construcción de un consenso político y social en los temas del Canal y la institucionalidad. Esto es, además, el resultado del desarrollo de una robusta institucionalidad marcada con paso firme y decidido sobre temas relacionados con la administración canalera. Esta base de consenso y carácter democrático blindó el presente y futuro de la vía marítima.

La posibilidad de construir el Tercer juego de esclusas implicaría incrementar el tráfico de buques por el Canal, lo que se traduciría en mayores ingresos para el país. Una lógica más sencilla indicaba que si nos decidíamos como nación a ampliar el Canal, los beneficios derivados del incremento en los ingresos se sentirían más allá de la franja interoceánica. La ampliación sería no solo el proyecto de construcción más ambicioso realizado en el Istmo desde finales del siglo XIX, sino que sería, además, un proyecto liderado por panameños.

La construcción del tercer juego de esclusas se ha amoldado a la visión de aumentar y sostener a largo plazo los aportes que el Canal realiza al tesoro nacional, manteniendo la competitividad y el valor de la ruta marítima para la economía nacional. Asimismo, se ha aumentado su capacidad para captar la creciente demanda de tonelaje con niveles de servicio apropiados para cada segmento de mercado. El Canal, después de la ampliación, es más productivo, seguro y eficiente.

Se ha culminado así una tarea que, más allá de lo técnico, es el resultado de un ejercicio de democracia que, junto con la maquinaria humana, coloca esfuerzos para aumentar los aportes de ingresos que la empresa del Canal genera y entrega al país.

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