Jueves , Noviembre 23 2017
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De “El Confidencial” de España: “Así saqueó la Universidad de Panamá un comisionista de la trama de ‘Nacho’ González”

La investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, en el marco de la Operación Lezo apunta al presunto pago de comisiones por parte de una empresa participada por el Canal Isabel II para la obtención de obras públicas en Panamá. Inassa, la filial del Canal para la expansión en América Latina, montó en 2012 un consorcio con la valenciana Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas (Cleop) con el que logró hacerse con un contrato de cuatro millones de dólares para el diseño y construcción del sistema de alcantarillado sanitario de La Pintada, en la provincia de Coclé, el centro del país.

Según el auto judicial, que ha llevado a prisión provisional al expresidente madrileño Ignacio González, este consorcio fue “irregularmente ajudicatario” del citado contrato porque se produjo “una manipulación del proceso de licitación” dirigida a entregar el concurso a Inassa-Cleop. El escrito afirma que para tal fin se habría producido el pago de una comisión ilegal de 273.672,32 dólares, camuflada como contrato de prestación de servicios inexistentes, a una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas denominada Eduholding Corp.

El Confidencial ha tenido acceso a uno de esos pagos de Innasa-Cleop a una empresa denominada Eduholding, aunque no a una cuenta en el paraíso fiscal británico dependiente del Reino Unido, sino en Panamá, por importe de 27.072 dólares que se habría abonado desde España en concepto de “servicio de gestión, consultoría, asesoría técnica y acompañamiento de negocio” en el proyecto de alcantarillado de La Pintada.

Los registros panameños solamente identifican una sociedad mercantil con la denominación de Eduholding. Se trata de una empresa que el año pasado se vio envuelta en un caso de presunta malversación de fondos públicos y puso en la picota a una parte importante de la cúpula universitaria del país.

La investigación y el posterior embargo de bienes a Eduholding partió de una auditoría de la Contraloría General de la República finalizada en abril de 2016 que puso en evidencia irregularidades en un contrato de obras suscrito con la Universidad de Panamá para diseño construcción y equipamiento de siete centros de innovación y emprendedurismo tecnológico (Cidete) repartidos por el pequeño país centroamericano. El Tribunal de Cuentas estimó que se había producido un quebranto de 3,5 millones de dólares para el Estado panameño tras detectar la existencia de facturas “duplicadas” por importe de 2,9 millones de dólares y falta de programas informáticos y mobiliarios que estaban incluidos en los contratos.

El mismo informe, al que ha tenido acceso El Confidencial, señala como responsables de este presunto desfalco al que fue durante 20 años rector de la Universidad de Panamá, Gustavo García de Paredes (que ha negado las acusaciones y ha atribuido la polémica a motivaciones políticas) y a un grupo de directivos regionales de la institución universitaria. Aunque el contrato se sucribió nominalmente con una entidad denominada Consorcio Innovación Educativa, la empresa que estaba detrás y que facturó a la Universidad fue Eduholding, razón por la que la Fiscalía General del Tribunal de Cuentas solicitó en noviembre del año pasado como medida cautelar el embargo de bienes de la sociedad por importe de 3,2 millones de euros.

Los registros panameños reflejan que Eduholding es una mercantil que tiene entre sus directivos a Ramón Falak, una persona a la que algunos medios de comunicación del país han vinculado con los intereses de los hermanos Gabriel ‘Gaby’ y Mike Btesh, dos empresarios cercanos al denominado ‘círculo cero’ del que fue presidente de Panamá hasta 2014, Ricardo Martinelli. Los Papeles de Panamá recogen la existencia de una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas, Zelda International Group, activa desde 2011, en la que figuran como accionistas un Mike Btesh junto a otra de las familias de la comunidad hebrea panameña, los Eskenazi.

En su auto, el juez Eloy Velasco señala al español Carlos Isidro Bello como la persona encargada de “dirigir y gestionar” lo referente a los contratos públicos y las comisiones ilegales a pagar para asegurarse la adjudicación de obras a Inassa-Cleop en Panamá. El escrito sostiene, a partir de correos electrónicos intervenidos, que informaba de sus pasos puntualmente al entonces presidente de Cleop, Carlos Turro, y al gerente de Inassa en Panamá, Javier Domínguez Anaya, que a su vez reportaba al que era responsable de la filial del Canal, Edmundo Rodríguez, también consejero de La Razón, ahora en prisión provisinal sin fianza y al que Velasco atribuye el cobro de presuntas comisiones ilegales en paraísos fiscales.

Carlos Turró ha negado en declaraciones a El Confidencial tener ningún conocimiento de la existencia de pago de comisiones en Panamá. “Es todo absolutamente falso; no he estado en mi vida en Panamá y no formo parte del consejo directivo de ese consorcio”. Según ha explicado, efectivamente Carlos Isidro Bello era uno de los responsables de la empresa en el país centroamericano, aunque ahora ya no trabaja en ella, y en ningún momento puso en su conocimiento la existencia de comisiones irregulares.

Turro y Cleop también se han visto salpicadas por la Operación Taula, después de que el “yonqui del dinero”, Marcos Benavent, afirmase que colaboró presuntamente en la financiación del Partido Popular y que se benefició por la adjudicación irregular de residencias para la tercera edad. El empresario, que dice estar sufriendo “una persecución” judicial y mediática, niega también estas acusaciones y sostiene que ha llegado a sufrir un infarto de miocardio como consecuencia del estrés que le ha generado la situación.

La investigación incluye el nombre de otro empresario valenciano, Sergio Vidal, que habría participado en la ejecución de la obra de La Pintada y habría realizado labores de intermediación para el consorcio de Inassa-Cleop con cargos públicos panameños a través de su empresa radicada en el país MG Infraestructuras. Vidal ha negado haber participado en hechos delictivos y, según publicaba El Mundo, se ha ofrecido a la Audiencia Nacional para dar las explicaciones pertinentes.

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