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Cuestionan al gobierno frente a sanciones extraterritoriales contra nacionales

Los fuertes epítetos contra la actitud del Gobierno de Panamá ante sanciones extraterritoriales de Estados Unidos contra medios de prensa locales, subió el tono del debate y las presiones para que cambie la posición oficial.

El presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), José Álvarez, calificó de ‘endeble y blandengue’ la actuación de la administración del presidente Juan Carlos Varela, frente a la inclusión en la Lista Clinton de las empresas de Abdul Waked, incluido el Grupo Editorial El Siglo y La Estrella (GESE), donde es accionista mayoritario.

‘Contrasta con las posiciones que han adoptado panameños en el pasado’, dijo Álvarez, quien advirtió del posible cierre de ambos medios que enfrentan limitaciones, tras la inclusión de Waked en la Lista Clinton en mayo pasado y a partir de entonces solo contó con licencias temporales de operación de Estados Unidos.

La medida adoptada por la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro es la antítesis del derecho y la democracia, señaló el letrado, y aseguró que va a en contra de las propias normas jurídicas del país que la impone, porque seis meses después no presentaron pruebas contra el sancionado.

Álvarez dijo al canal Telemetro que el Presidente panameño debía percatarse de que la Constitución lo obliga a proteger a sus ciudadanos, y por tanto, exigir a Estados Unidos las pruebas de la acusación de lavado de dinero contra Waked, o de lo contrario, su remoción de la lista discriminatoria.

‘Casi seguro que Estados Unidos no nos hará caso’, acotó, pero ‘los panameños aplaudiríamos la actitud viril’ de nuestro Gobierno, aseveró.

Por su parte, la Central General de Trabajadores de Panamá (CGTP) se pronunció por la situación del colectivo de GESE, e hicieron un llamado al Gobierno a la defensa de todos los ciudadanos.

El sindicalista Filemón Medina dijo que en Panamá actualmente hay una pugna por el poder económico y político, donde los 250 trabajadores de estos periódicos quedan en medio del conflicto, tras las sanciones de la Lista Clinton, ‘una acción administrativa subjetiva’.

A su vez el presidente de GESE, Eduardo Quirós, aseveró a reporteros que no ve ninguna justificación para que se presione por la venta de los periódicos, porque el embajador de Estados Unidos en Panamá, John Feeley, aseguró que nuestros medios no eran objeto de ningún tipo de investigación.

En un análisis jurídico, el abogado Juan Carlos Araúz, aseguró en un artículo reciente que se violó el Código Civil del país por las presiones que se ejercen para que el accionista principal, Abdul Waked, venda los medios para que sean ‘perdonados’ por la administración extranjera.

Para el analista político Julio Yao, los panameños se sienten frustrados, indignados y traicionados, por que entre otras cosas, ‘el Imperio nos ha cercenado o guillotinado la libertad de expresión, la libertad para informar y ser informado’, tras la condena ilegal e injusta a la muerte comercial, judicial de ambos diarios.

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