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Sus defensores proclaman que es la única forma de desmantelar redes criminales que operan en la clandestinidad. Sus críticos aseguran que les permite a los corruptos evadir todo el peso de la ley, mofándose así del Estado de derecho.

Delación premiada: Entre la legalidad y la impunidad

Por: Armando A. Fuentes R.

Los primeros antecedentes sobre delación premiada los encontramos en Estados Unidos, el primer país en implementarla en el año 1978, permitiendo a las empresas que se coludían confesar su participación en dichos acuerdos. Luego, en 1993, esta normativa fue modificada sustancialmente, donde se entrega inmunidad automática a las empresas que informen la existencia de un cartel, entregando pruebas, antes de que las autoridades hayan comenzado una investigación.

En aquel país, para que opere esta figura se debe cumplir una serie de requisitos: que la empresa sea la primera en delatar al cartel, que haya abandonado el acuerdo de colusión, que no haya liderizado el cartel y que restituya los daños causados a los afectados.

Pese a que la figura tiene su justificación desde el punto de vista social y jurídico, también recibe críticas. Se dice que permite la impunidad, ya que el delator se libera, en ocasiones, de los cargos, o bien recibe beneficios al respecto. Hay quienes aseguran que se violenta el derecho de las víctimas de crímenes a obtener justicia, y últimamente se dice que esta figura se utiliza para beneficiar a delincuentes de cuello blanco o políticos corruptos que se escudan en estas normas para, de alguna forma, evadir una sanción real.

La delación premiada consiste en que el juez conceda la autorización para permitir que se abandone la persecución de una persona que cometió un delito, imponer una sanción notablemente menor que la establecida primariamente en la ley e, incluso, para prescindir de toda sanción con el consiguiente sobreseimiento de la causa, cuando el justiciable colabora de un modo especialmente intenso en el esclarecimiento de hechos ilícitos pasados o en la prevención de hechos futuros.

Consiste, pues, en un acuerdo alcanzado por el investigado y el fiscal, en el que, a cambio de la confesión o la prestación de información relevante, se ofrecen al presunto delincuente determinados beneficios que no deben ser entendidos como sinónimos de impunidad.

En la jurisprudencia local

Mediante la Ley 4 de 2017, artículo 24, se estableció en Panamá la llamada delación premiada como fórmula para la persecución del delito en las causas penales pendientes con el sistema inquisitivo. Cabe advertir que la figura se introdujo como una norma especial y no fue introducida al Código Judicial, que regula el sistema inquisitivo, como debió ocurrir. Esta nueva norma surge en un momento tenso políticamente para nuestro país al destaparse los grandes escándalos de corrupción surgidos a partir de los llamados “Papeles de Panamá”, pero más que todo a partir de los escándalos del caso Odebrecht, que se dice otorgó sobornos a funcionarios panameños por arriba de los cincuenta millones de dólares.

Surge entonces cierto temor por parte de la opinión pública en el sentido de que estos ejecutivos pretenden burlar la justicia panameña, alegando que han realizado una serie de acuerdos, tanto en Brasil como en otros países de la región, con la finalidad de evadir responsabilidades.
Cabe destacar que la delación premiada ya existía para el sistema acusatorio en el artículo 220 del Código Procesal Penal. Antes la delación premiada ocurría a partir de que se daba la audiencia de formulación de cargos, mientras que en el sistema inquisitivo se da a partir de la resolución de indagatoria o providencia indagatoria que dicta el propio fiscal.

Otra diferencia: La delación o acuerdos en el sistema inquisitivo pueden darse hasta antes de la audiencia ordinaria, mientras que en el sistema acusatorio tienen cabida hasta antes de presentada la acusación.

En cuanto al control judicial sobre el acuerdo, se indica que para el sistema acusatorio este lo hace el juez de garantías, mientras que para el inquisitivo lo hace el juez de la causa. En este punto nos parece más acertado que los acuerdos del sistema inquisitivo también fueran objeto de control por parte de los jueces de garantías, con la finalidad de no cargar más de trabajo a los jueces del inquisitivo. De esta manera, se les daría mayor celeridad a los procesos y existiría un mayor control.

Controversia legal

Respecto a las críticas se menciona que estos acuerdos favorecen la impunidad, ya que permiten que se impongan penas bajas para hechos que constituyen delitos graves. Incluso se permite que no se imputen cargos contra el imputado.

Por otra parte, se indica que este tipo de medidas deja por fuera derechos de las víctimas, como lo son el derecho a la verdad y a la justicia, así como el derecho a la reparación. En otros países que regulan esta temática, ciertamente se establece que para que se dé la delación premiada se requiere que se haya dado la reparación a la víctima del delito como requerimiento.

No obstante lo anterior, es necesario considerar que esta delación premiada tiene como propósito principal desmantelar medianas o grandes redes criminales que golpean la estabilidad de la sociedad. En ese sentido, los acuerdos se convierten en una herramienta crucial a tomar en cuenta, pues habría que preguntarse qué conviene más, si condenar a un solo integrante de la organización criminal o dejar libre a uno y procesar y desmantelar toda una red.

Es importante tener en cuenta que la normativa exige también ciertos requisitos sin los cuales no se puede otorgar. Se requiere, por ejemplo, en algunos casos que el imputado acepte los hechos y convenga una pena. No es que simplemente va a quedar en libertad. En otros casos se requiere que para obtener el beneficio brinde una colaboración efectiva para procesar a otros autores del delito, para evitar que se siga quebrantando la ley o bien para recabar pruebas.

Esa colaboración a la que se refiere la delación premiada debe ser efectiva, es decir, debe ser perfectamente corroborable por el Ministerio Público. No es que el imputado va a delatar y ya, sino que su premiación o beneficios dependen de que efectivamente se enjuicie a otras personas. De esta forma, el Ministerio Público no debe tener problemas en llevar a juicio a quienes estén involucrados en casos de corrupción.
Por último, señalamos que esta iniciativa, además de ayudar con el combate al crimen tiene como finalidad que el Ministerio Público agilice los procesos que tiene pendientes de resolver a través del viejo proceso inquisitivo, para darle paso a la eficacia del nuevo Sistema Penal Acusatorio.

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One comment

  1. Mónica Rodríguez

    Excelente artículo!!!!

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