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El descrédito de la Asamblea Nacional

Por: Guillermo Márquez Amado

En ninguna otra época de nuestra historia republicana hemos tenido un Órgano Legislativo tan desprestigiado como el actual.

Cuando en mayo de 2014 se llevaron a cabo las elecciones generales, la mayoría de los integrantes de la Asamblea Nacional en aquel momento se postularon para ser reelegidos. Conocido es que el partido político en el poder entonces, Cambio Democrático, logró que a sus candidatos se les entregaran cuantiosos recursos que utilizaron con derroche en sus campañas y, como para que no se dijera que sólo los candidatos de este partido habían recibido dineros del erario público, se distribuyó dinero también entre casi todos los candidatos a reelegirse pero, eso sí, en menor cantidad, como para comprar su silencio y no para costear sus campañas; es decir que mientras a unos se les daba mucho, a otros se les daba bien poco, comparativamente. Así los que recibieron mucho tuvieron ventajas decisivas frente a los que recibieron poco, con el premeditado cálculo de que todos los candidatos guardarían silencio habiendo sido socios en el pecado, que para efectos de las leyes electorales es delito.

En estas circunstancias se reeligieron cuarenta y un diputados, la mayoría del partido Cambio Democrático, entonces en el poder político, pero también hay de otros partidos que también recibieron contribuciones generosas del colectivo que predominaba y el hecho es ampliamente conocido, y con detalles, por el donante, cuyo principal cabecilla, como en las bandas, se encuentra fuera del alcance de la ley penal.

Hoy, de los setenta y un diputados que hay en la Asamblea Nacional, veintiséis son del Partido Revolucionario Democrático, veinticinco son de Cambio Democrático y dieciséis del Partido Panameñista, dos (ambos reelectos), de Molirena que para las últimas elecciones era aliado de Cambio Democrático; uno del Partido Popular y una independiente.

Así las cosas, hay grandes y razonables dudas en cuanto a la legitimidad de muchos de los diputados cuyas campañas recibieron considerables aportes de las arcas nacionales, pues una elección basada en el abundante gasto para obtener simpatías clientelistas, como fue la regla en las últimas elecciones, suscita graves cuestionamientos.

Finalmente, cuando los setenta y un diputados proclamados luego de demandas, juicios, audiencias, sentencias y repetición de elecciones, llegaron a la Asamblea Nacional, los que habían sido reelegidos volvieron a ver las caras de muchos de sus viejos camaradas del período anterior y, por supuesto, pudieron apreciar cuán efectivas habían sido las campañas de quiénes más gastaron, fuera con plata propia o ajena; y sí, también vieron unas pocas caras nuevas. También vieron que entre todos los diputados reelectos, es decir los que tuvieron a su alcance los más abundantes recursos del Estado que registra la historia panameña durante procesos electorales, hacen la mayoría de la asamblea; lo que significa que tienen cabal conocimiento de quién es quién y en qué ha estado, y saben que constituyen una casta privilegiada a cuyo alcance están los dineros del Estado para enriquecimiento de su patrimonio personal.

No es casualidad por ello, que los diputados sean vistos como ricos personajes que, además y por influyentes en los gobiernos, pueden hacer regalos a las gentes y aparentar que las benefician cuando en realidad las hacen dependientes y mantienen en la pobreza.

Reconstituida la Asamblea Nacional luego de las elecciones, distintos hechos que han trascendido al conocimiento de la ciudadanía continúan incidiendo en una percepción de gran desconfianza, de pobrísimo rendimiento y, lo que es mucho más serio, en el convencimiento de la existencia de manejos deshonestos.

No es para menos. En materia de aprobación de leyes requeridas con insistencia por la nación para el mejor funcionamiento de la sociedad, el rol de la Asamblea Nacional ha sido lento e ineficaz. Proyectos de leyes que han despertado un interés ciudadano de la mayor importancia, como la necesidad de legislar sobre contrataciones públicas, sobre educación sexual, migración o reformas electorales, son postergados y adormecidos, mientras que con ánimo engañoso y cosmética pasión debaten sobre la creación de nuevos corregimientos y distritos, con obvias motivaciones electoreras, fechas de celebración de la cutarra y del acordeón e infinidad de temas triviales y hasta disparates como la aprobación por ley de que se escriba con diéresis sobre la a, la palabra “ngâbe”, usurpando funciones de la Real Academia Española de la Lengua.

A falta de que las instituciones públicas cumplan con muchas de sus responsabilidades en beneficio de las comunidades, los diputados, quienes existen para hacer leyes en beneficio del interés general de la Nación y supervisar el funcionamiento de los otros órganos del Estado, se atribuyen a sí mismos deberes de instituciones nacionales y, con propósitos reeleccionistas, regalan cuadernos, jamones, bloques, catafalcos, tierras y cuanta cosa pueda requerir un caprichoso ciudadano para conceder su voto. Naturalmente que tales donaciones no provienen del patrimonio del diputado; para costear su valor se ha diseñado un sofisticado sistema en que colaboran los órganos Ejecutivo y Judicial, además de la Contraloría General, ya por acción, ya por omisión. Ese sofisticado mecanismo de financiamiento, con frecuencia permite que los fondos del Estado se desvíen incluso de los ilegítimos usos a que se destinan, para ir a parar a los bolsillos de los propios diputados o de personas de su entorno.

El más reciente diseño detectado por la prensa investigativa dio cuenta de la existencia de contratos presuntamente de servicios que se prestarían a distintas fundaciones y organizaciones, que eran pagados con fondos provenientes de la Asamblea Nacional con el visto bueno de los diputados; los servicios profesionales no se prestaban, pero aún más, para sacar óptimo provecho de los recursos del Estado, los pagos a los supuestos contratistas se hacían mediante cheques girados a su favor, que al momento de ser hechos efectivos implicaban para el girado la obligación de entregar parte importante del dinero obtenido al propio diputado o a un amanuense suyo, fórmula que cierra el círculo de enriquecimiento personal ilegítimo e inmoral.

Cuestionados ampliamente por una comunidad nacional escandalizada, los diputados han recurrido una vez más a su talento para el camuflaje y la apariencia de seriedad y conciben convertirse en investigadores del delito, como si nada tuviera que ver ninguno de sus miembros con el fraude y como si su seriedad y responsabilidad fueran tan respetables como para darnos la certeza absoluta de que lo que vayan a decir luego de sus pesquisas, será creído íntegramente, nombran una comisión de investigación de semejantes desmanes fraguados y ejecutados allí mismo y por muchos de ellos mismos y, acto seguido, acometen la pantomima de entrar a debatir el largamente postergado proyecto de reformas electorales al que también dedicarán buena parte de sus encomiables virtudes maquilladoras para hacer aparentar como bueno lo que propongan de malo.

La Asamblea Nacional de Panamá, el parlamento y presunto órgano del Estado de genuina representación popular, se ha convertido así en una casta privilegiada de ciudadanos que sojuzga al resto de la sociedad y obtiene para sí fueros y privilegios que constitucionalmente están prohibidos, en lo que la Corte Suprema de Justicia los respalda por tener también los jueces y magistrados fueros y privilegios inexplicables a la luz de la Ciencia Política, los cuales costean con los fondos que por vía del presupuesto nacional les canaliza el Ejecutivo con la aprobación del Legislativo y que les refrenda la Contraloría General de la República; cuando la tela no alcanza para tantos trajes, se recurre a los servicios de los profesionales independientes que, como hemos visto, les diseñan creaciones a la medida.

Tal tipo de democracia en realidad viene a constituir una “oclocracia”, en el sentido que Rodrigo Borja le da a este término en su obra Enciclopedia de la Política, que consiste en el sistema pervertido de la democracia que, como la demagogia, deviene en la irresponsabilidad y degradación del ejercicio del mando político, por una turba desordenada y abusiva. Si bien aún entre las instituciones del Estado, aparte del Órgano Legislativo, hay otras que debieran constituir contrapesos a semejante degeneración, la realidad es que dichos contrapesos no ponen límite a sus excesos, con el agravante de que, si intentaran hacerlo, las malas leyes y normas constitucionales facultan entonces a esa asamblea ya desentendida de lo que son sus verdaderas funciones y debilitada su naturaleza, a juzgar a sus juzgadores: los magistrados de la Corte Suprema, y a juzgar al jefe de la proveeduría de recursos,quien no es más que el propio Presidente de la República. Por su parte, el organismo electoral no es ya, como en otros tiempos, árbitro imparcial e independiente como para que los procesos electorales inmediatos sean mecanismos de superación. Con todo esto la República y la democracia están en colapso.

Mirar hacia el porvenir con ánimo de superación, necesariamente pasa por una recomposición del Estado en cuya tarea no pueden incluirse los funcionarios públicos actuales, si bien en honor a la verdad podrían hacerse algunas pocas excepciones.

La descomposición institucional es ya gravísima aunque no la perciban quienes, encumbrados en sus cargos, se sienten tan altos que el manto de nubes alrededor de la cima no les permite ver que la montaña se está desmoronando.

Tampoco es cosa de perder la fe, más oscuros momentos registra nuestra historia y siempre se han superado. Si bien la institucionalidad, la justicia y la democracia están heridas, hay muchísimos hijos de la Nación, prestos a contribuir a su sanación y restablecimiento.

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