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El disperso y creciente presupuesto de la educación

En el presupuesto de 2017 se incluyeron 1 421 millones de dólares para MEDUCA, 436 millones de dólares para las universidades públicas y 337.6 millones de dólares para el IFARHU. Las cifras suman el 6% progresivo que prometió el Gobierno.

Por: Carlos Atencio

Calcular la inversión del Estado en educación pública es una operación que se debe hacer por partes, porque no todo el dinero ingresa al mismo tiempo ni a una sola institución. El Ministerio de Educación (MEDUCA) elabora su presupuesto que evalúa el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y la última palabra la tiene la Asamblea Nacional de diputados. Por ejemplo, en 2015 (para la vigencia fiscal de 2016) la entidad educativa solicitó 1 677.7 millones de dólares y le aprobaron 1 380.7 millones: 1051 millones para funcionamiento y 227 millones para inversiones.

Ese año, la titular del MEDUCA, Marcela Paredes de Vásquez, expresó, a su salida de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, donde se sustentan los presupuestos del Estado, que además le habían aprobado cuatro partidas más por 16 millones de dólares. Con estos recursos adicionales, el presupuesto ascendía a 1693.7 millones.

La ingeniera Paredes de Vásquez tiene razones para mostrarse optimista, al lograr un aumento de 30 millones de dólares en el renglón de inversiones, en comparación con el dinero asignado en 2015. Otro detalle expresado por la encargada de la cartera educativa aquel día fue que el presidente de la República, Juan Carlos Varela, le había prometido créditos adicionales en caso de ser necesarios.

Asimismo, De Paredes reveló un aspecto impacta directamente en la planilla del MEDUCA: de los 1 051 millones de dólares para funcionamiento, el 93% (977 millones) se destina a salarios. Otros 47 millones de dólares están comprometidos para pagar los servicios básicos, telecomunicaciones, seguros y alquileres. Una realidad similar se replica en la Universidad de Panamá, donde el 90% de los recursos deben ir al pago de los salarios.

Guerra contra los ranchos

En abril de este año, durante una entrega de órdenes de proceder en la comarca Ngäbe Buglé, el presidente Varela anunció “la histórica eliminación de las escuelas rancho”. Para este propósito, adelantó la construcción de 44 escuelas, que representan 40 millones de dólares.

El plan global, que se ejecutaría por fases, comenzará en el distrito de Müna y continuará en zonas como Besikó, Ñurum, Nole Duima y Mironó. El monto estimado es de 100 millones de dólares.

La inversión destinada a la eliminación de este tipo de estructuras en el presupuesto de 2017 alcanza los 18 millones. Durante los primeros 24 meses de la gestión de Varela, se habían eliminado 114 aulas rancho, según las cifras suministradas por la presidencia.

La inversión más representativa en infraestructura durante la administración Varela es el Instituto Técnico Superior de Panamá Este, ubicado a pocos metros del Aeropuerto Internacional de Tocumen. En 2014, un estudio de la Cooperación Técnica Internacional del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral denotó la necesidad de personal técnico. El documento puso en evidencia que se requerían 62 mil técnicos en logística y construcción.

En marzo de este año, la empresa China Construction America se alzó con el contrato por 176.2 millones de dólares, dos millones menos que el precio de referencia del proyecto, que requerirá unos cien docentes, y donde se dictarán quince carreras de dos años de duración.

Huelga y cifras

La ministra Paredes de Vásquez enfrentó su primera huelga docente en julio pasado. Las 17 agrupaciones gremiales docentes formaron un bloque para negociar un aumento salarial pactado en los últimos días del gobierno de Ricardo Martinelli. Se trataba de los 300 dólares mensuales correspondientes a 2017 y que la gestión Varela proponía desembolsar en dos pagos, a mediados y a finales del año.

Luego de una semana, del 18 al 24 de julio, los educadores acordaron regresar a las aulas tras el compromiso del propio presidente de hacer un solo pago de 300 dólares a principios de julio de 2017. Otra de las peticiones de los líderes docentes: que se destine el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación. “Ellos (la Comisión de Alto Nivel designada por el presidente Varela) nos informaron que el 6% se dará gradualmente, hasta completarlo en 2019, el año en que termina la gestión de este gobierno”, expresó Diógenes Sánchez, dirigente de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (ASOPROF).

El docente, que afirma que países como Costa Rica, Cuba y Bolivia destinan desde hace algunos años ese porcentaje a la educación, señala que el aporte del Estado actualmente para la formación de los alumnos no alcanza el 5%. El maestro Heliodoro Ábrego, exsecretario de la Asociación de Maestros Auténticos (AMIA), menciona que el porcentaje que reclaman está contemplado en la Ley Orgánica de Educación. “Que ningún gobierno lo cumpla es negarle a la educación lo que le corresponde”, sostiene.

Pero esta inyección de recursos no será exclusivamente para MEDUCA. Sánchez dice que en este presupuesto está incluido Pandeportes, SERTV, las cinco universidades privadas y el IFARHU, entre otras instituciones gubernamentales. Sobre si el aumento salarial de los docentes se reflejará en la calidad de la educación, el dirigente asegura que hay planteles públicos que tienen mejor calidad que algunos centros privados. “El sector público adolece de infraestructuras adecuadas, de recursos científicos y tecnológicos. En la mayoría de los casos, se trabaja en ambientes infrahumanos”, afirma Ábrego.

El salario mínimo de 1 240 dólares mensuales para los docentes de MEDUCA inyectará motivación y los resultados serán mejores, prometen ambos educadores; sin embargo, no será suficiente para espantar el fantasma de las huelgas magisteriales. “Lo único que nos puede llevar a paralizar las clases es que se pretenda aumentar la edad de jubilación”, advierte Sánchez.

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