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Emergencias que quedan en negocio

Su adquisición da vueltas siempre sobre las mismas ideas: negociados, urgencia y necesidad. Sobrecostos y reclamos. Inoperancia y denuncia.

Por: Nicanor Alvarado Dixon

La Caja de Seguro Social (CSS) intenta, desde principios de año, cuajar el alquiler con opción a compra de noventa y siete ambulancias a 21 de dólares. El negocio, sin embargo, no se termina de materializar: reclamo tras reclamo y denuncias de sobrecostos lo frenan. Y en el medio, los pacientes.

Para algunas voces, como el economista Juan Jované, además de que es “inconveniente para la Caja”, el negocio de alquilar ambulancias siempre ha sido una necesidad inducida. A una crisis, una solución urgente.

Estivenson Girón, director de la CSS, sostiene que la entidad no fue creada “en 1941 para mantener ambulancias, sino para brindar salud”. Según dijo ante la Asamblea Nacional -que intrigada por el escándalo pidió su comparecencia- la burocracia en la CSS les empuja a alquilar: adquirir la batería de una ambulancia propia bien puede tardar dos meses; pasar todos los procesos de licitación para contratar servicios mecánicos puede tomar seis meses. La entidad solo tiene dos mecánicos, agregó.

Lejos de la palestra política, en la calle la gente tampoco está convencida de que la fórmula de la CSS para garantizar el servicio a sus poco más de 2.4 millones de asegurados sea la mejor. En febrero pasado, poco después de subida a Panamá Compras la licitación, 80% de los encuestados por la firma Dichter & Neira decían no estar de acuerdo con el alquiler.

El fondo del problema

Según la CSS, solo tiene veintiocho ambulancias para atender las emergencias de sus cotizantes (que representan el 74% de la población nacional). En diciembre de 2014, la flota de autos rondaba las cien unidades, pero más del 70% de ellas estaban inservibles, en condición de chatarras, cerca de sus hospitales, o en cementerios de autos del Seguro. Entonces, dice Girón, el contrato de alquiler, entregado a Ambiubérica por cuatro años, es vital. “Eso lo estilan todas las grandes ciudades del mundo”, argumenta.

El director defiende el proyecto, pasando por alto el debate de sobre costos. Este año, el Sistema Único de Manejo de Emergencias 911 (SUME 911) adquirió cinco autos por 87 000 dólares, un precio tres veces más bajo que el valor unitario del contrato de la CSS.

Es el mismo debate que con recientes adquisiciones del Ministerio de Salud (MINSA), que ha comprado treinta y cinco ambulancias por dos millones de dólares, a un precio promedio de cincuenta y siete mil cada una. El dinero provino de una donación del Gobierno de Taiwán, para reponer una flotilla de autos que no podía dar servicio ya.

¿Qué hace la compra del Seguro tan onerosa? Girón dice tener respuesta para ello: además de entregar las ambulancias, la contratista deberá mantenerlas y disponer siempre de la cantidad que se le requirió. “Si una ambulancia se choca, en veinticuatro horas tendrá que haber otra repuesta”, asegura.

Pero esa explicación vuelve a chocar con los lineamientos de la compra del MINSA. En agosto pasado, el titular de esa cartera, Miguel Mayo, aseguró que la licitación de dos millones de dólares incluiría los servicios de mantenimiento para mejorar la vida útil de los automóviles, que redondea en dos años.

La Caja de Seguro Social ha decidido, no obstante, que el término de su contrato será de cuatro años, y que después de ello los vehículos pasarán a ser propiedad pública. “Sería adquirir chatarra” una vez finalizado el arrendamiento, sostuvo, en abril, el contralor Federico Humbert, quien se negó a sancionar la compra. Girón la ha llevado a la Junta Directiva del Seguro.

Los argumentos de Girón no logran seducir a los críticos de su administración. “Con dinero público se están promoviendo beneficios para servicios privados”, dijo Priscilla Vásquez, dirigente de la Asociación de Empleados de la CSS.

La crónica del viejo MINSA

Pero la CSS no ha sido el único foco de críticas. Lejos de la austeridad con la que ahora vende el MINSA sus adquisiciones, hubo tiempos en los que también fue el blanco de críticas por adquisiciones “extrañas”.

2013. Un año antes del fin de la administración de Ricardo Martinelli. Javier Díaz, el segundo ministro de Salud tras la intempestiva salida de Franklin Vergara, a raíz de escándalos por hospitales móviles, anuncia que la entidad adoptará un modelo de emergencias similar al del SUME 911. Para ello, adquiriría ciento sesenta y tres ambulancias (dos de ellas tipo botes para áreas remotas), por 33 millones de dólares.

Sin mayores especificaciones técnicas, el MINSA compraría los vehículos bajo la modalidad de llave en mano, utilizada también en megaproyectos como la Cinta Costera y la Línea 1 del Metro de Panamá, mecanismo de compras que el Gobierno sucesor, el de Juan Carlos Varela, ha asegurado aprieta el margen de sus finanzas.

Entonces, la Asociación de Empresas de Emergencias Médicas y Afines consideraba que el proyecto era lesivo para el Estado porque aunque no se especificaban los tipos de autos que se requerirían y establecía pautas que solo algunas compañías podrían cumplir. “Es un traje a la medida”, determinó Noriel Bethancourt, directivo de la organización. También criticó que se pretendiera copiar el modelo del SUME 911. “No ha funcionado”, decía entonces.

En 2012, esa entidad entró en crisis, cuando a su entonces directora, Martha Sandoya, se le formularon cargos por anomalías en la adquisición de cinco ambulancias. Una comisión integrada por el MINSA, la CSS y la entonces Secretaría Nacional Anticorrupción detectó que se había incumplido el pliego de cargos en el proceso. Para empezar, las máquinas de los autos no eran “aptas” y carecían del respaldo mecánico de Ford. Tampoco tenían suficiente suspensión para aguantar el peso requerido y los sistemas eléctricos y de seguridad no estaban a la altura de las recomendaciones del fabricante. Sin embargo, por ellas se pagó 492 000 dólares.

El problema no se detuvo ahí. El año pasado, en el Sistema Único de Emergencias se declaró alerta por la crisis de ambulancias: solo tenían cincuenta para atender a una población sin distingo de quienes cotizan seguro público o no. La compra de Díaz fue cancelada un mes des-pués, tras presiones de la Autoridad de Transparencia, que exigió al MINSA establecer un perfil técnico sobre las ambulancias que requiere el país.

Sin embargo, un año después Díaz insistió con su proyecto, al que le elevó el perfil: serían ciento cincuenta y nueve ambulancias, por 40 millones de dólares. Y no solo autos: la contratista debería “prestar el servicio de despacho integral” de los vehículos, debía proveer el personal, los equipos y el sistema de comunicaciones, y dar respuesta veinticuatro horas al día. Y no podría tardar más de quince minutos en hacerlo.

Se trataba de un escenario utópico que los críticos consideraron como una abierta privatización de servicios de salud. Así como la propuesta del año anterior, esta se pagaría en cuatro partidas, una vez al año, como un llave en mano.

La licitación fue anulada, por no cumplir con reglas de transparencia.

Para esos días, la CSS vivía sus propias horas complejas: la entidad intentaba comprar ambulancias a 70 000 dólares cada una, pero los proponentes pedían llevar el precio a 90 000. Sin ninguna de las más icónicas compras materializadas, las ambulancias figuran como el dilema permanente de los servicios públicos de salud.

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