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La ACP y GUPC inician un nuevo pleito legal

Sacyr entregó la pasada primavera, con dos años de retraso sobre la fecha prevista, la faraónica obra de ampliación del Canal de Panamá con “total satisfacción para el cliente”. Pero, lejos de firmar la paz con los responsables de la infraestructura panameña, las partes siguen a la gresca por los adelantos que le fueron concedidos a la compañía española para concluir el tercer juego de esclusas.

A la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Grupo Unidos por el Canal (GUPC), la constructora que ha realizado la obra y de la que Sacyr tiene la mayoría del capital, ha incumplido la renovación de las garantías de un préstamo de 580 millones de dólares (555 millones de euros) que vencían el pasado 30 de diciembre. Este dinero, más otros 200 millones adicionales, fue el que adelantó la ACP para finalizar los trabajos y cuya fecha de devolución fue alargada en 2014 hasta finales de 2018.

Pero las garantías corporativas de esos 880 millones de dólares en total debían haber sido renovadas por otras de mayor calidad crediticia para que el crédito estuviese en vigor. En diciembre de 2015 vencían 300 millones, pero Sacyr y la italiana Impreglio no aceptaron aportar nuevos avales, por lo que las dos constructoras y la ACP iniciaron un litigio —del que no llegó a trascender nada— que concluyó en julio del pasado año con un acuerdo.

Pero esa buena voluntad se ha visto resquebrajada otra vez a finales de 2016, cuando debían ser aportadas nuevas garantías por parte de GUPC. Sin embargo, Sacyr rechazó la petición de Panamá, que ha pedido al Estado español que se haga cargo de lo que consideran un incumplimiento reiterado de la empresa presidida por Manuel Manrique. La constructora sostiene que “las garantías que GUPC tiene depositadas sobre los anticipos recibidos de ACP son objeto de negociación continua para obtener las mejores condiciones financieras sin menoscabo de su efecto para el cliente”.

Sacyr asegura que ha conseguido de Panamá una prórroga para extender las actuales garantías sobre los 580 millones de dólares restantes, pero desde el otro lado del Atlántico insisten en que GUPC debe aportar avales de más calidad si no quieren dar por vencido el crédito de forma anticipada. Se trata, reiteran, del doble del dinero que tuvo que ser renovado a finales de 2015 y sobre el que no se llegó a un acuerdo hasta siete meses más tarde.

Desde GUPC, se asegura que el consorcio siempre “ha cumplido en todo momento sus obligaciones y lo seguirá haciendo”. Pero desde la ACP se mantiene una desconfianza, dados los problemas que tuvieron con Sacyr y con Impreglio desde prácticamente el principio de las obras por los retrasos, la falta de seguridad, las huelgas y, sobre todo, los sobrecostos exigidos. Las dos partes acordaron que esos 780 millones los saldarían Sacyr y su socio italiano si el tribunal de arbitraje de Miami fallara a su favor por las numerosas reclamaciones.

De momento, la refriega económica se ha ventilado en el Dispute Adjutication Board (DAB), cuya última resolución por las fallas geológicas y la calidad del basalto, las dos cuestiones principales que llevaron a la paralización de las obras el 1 de enero de 2014, ha sido favorable a la ACP por 100 millones. Se trata de la segunda mayor reclamación llevada al DAB por parte de Sacyr, Impreglio y la belga Jan de Nul, después de que en enero de 2015 consiguiera que el organismo arbitral le diera parcialmente la razón por una disputa de 463 millones de dólares, de los que finalmente ganó 236 millones (192 millones de euros).

La ACP recurrió este dictamen ante el Tribunal de Justicia de Miami, la última instancia jurídica que delibera sobre estos sobrecostos, tal y como Sacyr va a hacer ahora con los 100 millones perdidos por las fallas y el basalto.

Este revés rompió de forma provisional las previsiones de Sacyr y sus socios, que confiaban en que el DAB le diera la razón sobre el 50% de los 3.200 millones de euros reclamados hasta el momento, más de los 2.800 millones en los que se presupuestó la obra. Según fuentes oficiales del consorcio, de esta cantidad, la Junta ya ha resuelto sobre 800 millones, de los que la empresa española ha ganado el 44% de los sobrecostos solicitados.

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