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Después del ‘shock’ inicial, el Estado panameño cuenta con una oportunidad única para corregir el rumbo. ¿Podrá recuperarse el vapuleado sistema financiero local y seguir prestando sus servicios, esta vez con prácticas que eviten los abusos por parte de clientes que sacan provecho de la opacidad?

La difícil ruta hacia la transparencia

Por: Carlos A. Araúz G.

En este año que termina, pocas noticias generaron más repercusiones a nivel internacional que los mal llamados “Panama Papers”. ¿Cómo no iban a originar tanto revuelo? La noticia tenía todos los componentes de una buena trama hollywoodense que combinaba la intriga de John LeCarré con el recurso de elemento histórico de Dan Brown. Cuando la reconocida firma de abogados Mossack y Fonseca anunciaba a sus clientes, el primero de abril de 2016, que sus sistemas de administración de información habían sido intervenidos, era inimaginable lo que podía venir como resultado de una preocupante, pero manejable situación dentro de un estudio jurídico.

El 3 de abril de 2016, el ahora famoso Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores (ICIJ por sus siglas en inglés) anunció los resultados de un esfuerzo investigativo de poco más de un año en planeamiento y ejecución, que aspiraba a revelar una serie de esquemas o productos que permitieron a políticos, artistas y deportistas encontrar formas de eludir sus obligaciones fiscales. Lo impactante de la revelación es que, adicional a estos políticos o figuras reconocidas, aparentemente se incluía a todo tipo de supuestos criminales que habían utilizado los recursos y herramientas proveídas por una específica firma de abogados en Panamá para esconder activos o blanquear capitales.

La presentación de la documentación fue histórica por sus implicaciones, pero también por su volumen y alcance mundial: se trataba de poco más de 11,5 millones de documentos avanzados por un desconocido que empleó el poco original pseudónimo de “John Doe” y que declaró que el mundo tenía que conocer la verdad, aunque temiera por su suerte.

Las reacciones no se hicieron esperar. En cuestión de días, líderes mundiales (primer ministro de Islandia) y deportistas de renombre (Lionel Messi) estaban en el ojo de tormentas que acarrearían consecuencias nefastas. Esta fue, en resumen, la noticia. Pero, ¿qué consecuencias acarreó para la firma Mossack y Fonseca esta revelación? ¿Cómo quedó el nombre de un país entero que descansa en gran medida de una industria sofisticada de servicios? ¿Cómo se enfrentan las ideas de libertad de expresión con el respeto a la privacidad? ¿Se acabó, entonces, ese nivel de confidencialidad que algunos consideraban como sagrado (relaciones paciente-doctor, sacerdote-confesor, abogado-cliente)?

Entremos en materia. Al bautizar la investigación “Panama Papers”, el Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores cometió varias fallas, quizás con o sin intención de amenazar la estabilidad y seriedad de un sistema financiero, fiscal y de oferta de servicios legales sofisticados como el panameño. La primera imprudencia del ICIJ fue concentrarse en satanizar la incorporación de compañías offshore y tratarlas como vehículos que permiten acciones criminales a nivel mundial. Esta es una severa inexactitud, ya que el servicio de incorporación de sociedades se ofrece en múltiples jurisdicciones y es perfectamente legítimo y legal.

La siguiente imprudencia fue la incapacidad de medir el impacto que puede tener en un país como Panamá este tipo de aseveraciones generales. Una sola empresa fue la fuente de información que sustentó el trabajo investigativo. Sin embargo, se percibió como un problema del país donde estaban las principales oficinas del estudio jurídico en cuestión. El Gobierno panameño en turno había venido tomando acciones serias que llevaban al país por el sendero de la transparencia. Tanto así que se había removido el nombre de Panamá de la lista gris del Grupo de Acción Financiera apenas meses antes de la revelación de los papeles.

Las consecuencias para la firma fueron nefastas llevando a su eventual desaparición. Por otro lado, hubo un indudable impacto en la ya varias veces criticada reputación del país, por la aparente falta de transparencia en el manejo de algunos sectores y negocios. Para el seis de abril, el Gobierno panameño ya había convocado una reunión con carácter de emergencia de la Comisión de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros de Panamá (CANDSIF), que aglutina a los principales sectores empresariales del país, así como a gremios financieros y entes reguladores, con la finalidad de tomar acciones concretas que salvaguardaran la integridad del país, protegiendo los intereses de una nación entregada al servicio.

La Comisión

Esta y otras reuniones llevaron al Gobierno de turno a nombrar una comisión de notables panameños que trabajarían arduamente para elaborar propuestas de implementación futuras, pero cercanas en el tiempo, y que repercutirían en mayor transparencia en diferentes facetas. La idea de la comisión en principio fue calificada como buena. En ese esfuerzo por contrarrestar el impacto se reclutó la participación de dos figuras de talla mundial para darle mayor credibilidad al trabajo del grupo de insignes panameños. Estas dos figuras fueron el economista Joseph Stiglitz, nobel de Economía, y el abogado Mark Pieth, catedrático destacado y claro defensor de iniciativas pro transparencia a nivel mundial.

Tamaño desafío le esperaba a la comisión, no tanto por el espinoso tema, sino por las personalidades de estas dos figuras de renombre internacional. No pasó mucho tiempo antes de que las primeras fisuras se manifestaran públicamente y, lastimosamente, la comisión perdió a sus dos representantes internacionales en medio de desafortunadas declaraciones y acusaciones de lado y lado. Lo que es innegable es el esfuerzo de un Gobierno por ganar algo de credibilidad y tiempo para implementar cambios que permitieran combatir la mal o bien ganada reputación del país, empantanada de la peor manera como resultado de los “Panama Papers”.

El compromiso de Varela

A pesar del duro golpe que representó la abrupta salida de los señores Pieth y Stiglitz, la comisión continuó con su trabajo de elaboración de propuestas. La administración del presidente Juan Carlos Varela ha comunicado su intención de no solo aceptar e implementar los cambios y modificaciones sugeridas, sino también hacerlas de conocimiento público antes de que finalice este año. Si el presidente Varela no cumple con este componente de hacer públicos todos los descubrimientos y recomendaciones de la comisión por la transparencia, entonces les habrá dado la razón a los señores Pieth y Stiglitz, cosa que sería devastadora para los esfuerzos del país en materia de limpieza de nombre y transparencia.

Otra arista que a veces se pierde en el análisis de la ecuación es el impacto que estas revelaciones tienen en materia legal y judicial en Panamá, en otras jurisdicciones y, finalmente, cómo afecta la manera en la que opera y se mueve la economía panameña. En materia judicial, y ante las revelaciones de que supuestos criminales de diferentes calibres recibían asesoría en Mossack y Fonseca para esconder sus fechorías, el Ministerio Público fue duramente criticado por no ser más diligente en su intervención en el tema. La explicación del estudio jurídico siempre ha sido que ellos se limitaban a incorporar sociedades, fundaciones, fideicomisos o cualquier otra estructura, y la vendían cual si fuera leche y verduras en supermercados.

Estas declaraciones quizás se justificaban en los años 1970 y 1980, cuando Pablo Escobar Gaviria tenía cuentas en bancos. El mundo hoy exige otro estándar al momento de aplicar la política conocida como “conozca a su cliente” y todo abogado, banquero, financista, hombre o mujer de negocio, sabe que la diligencia debida, que asegura un robusto ambiente de negocios, obliga al conocimiento de la persona natural que aparece como beneficiario final en una sociedad.

Es probable que Mossack y Fonseca haya tenido fallas importantes en materia de diligencia debida y que haya visto su esquema de cumplimiento violentado de manera burda. Esto debe ser investigado, sin lugar a dudas, y sentar precedentes firmes de que semejante actitud temeraria, de probarse en debido proceso, es, simplemente, inaceptable.

Finalmente, ¿cuál fue el impacto en la economía panameña? ¿Qué medidas toma el sistema para evitar este tipo de escándalos? El Gobierno panameño ha declarado en redes sociales y por otros medios que el tema de los papales de Mossack y Fonseca no ha tenido mayores repercusiones basados en indicadores macroeconómicos de crecimiento, como el nivel de depósitos en el sistema bancario o el número de sociedades anónimas que se vienen registrando en el país.

Lastimosamente, hay que ver mucho más allá de indicadores para poder determinar la real consecuencia de una noticia o escándalo de esta envergadura. El nombre de Panamá hoy se asocia de manera generalizada con esquemas que se venden en estudios jurídicos para evitar el pago de impuestos y permitir que los ricos y sofisticados del mundo se hagan aún más ricos. Más de un banco corresponsal o gestor de fondos ha dejado de ver a Panamá como un centro sano para hacer negocios. Es un impacto que no percibe ningún indicador económico.

Habría que preguntarle a otros estudios jurídicos que usaban modelos similares a los de Mossack y Fonseca -seguramente con mejores prácticas de la política “conozca a su cliente”- si han sentido una reducción en su negocio como resultado de este escándalo. Me atrevería a especular que la respuesta sería una indudable afirmación.

Más allá del escándalo, el altercado con Stiglitz, el impacto para el sistema y la posible inclusión en listas grises, negras y moradas, siento que Panamá tiene todo, absolutamente todo, para competir en transparencia, en buen manejo y en mejor práctica contra cualquier estado en el mundo. Lo primero es reconocer que tenemos que mejorar en muchos frentes. Pero, si decididamente abordamos estas fallas y deficiencias, tenemos la posibilidad de no solo continuar siendo una referencia regional en materia de servicios, sino un líder mundial.

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