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La Estrella de Panamá y su condena de muerte

Por: Marcos A. Gandásegui*

La Estrella de Panamá ha sido condenado a muerte. El tercer diario más antiguo de América hispana, fundado en 1849, cayó bajo las garras de un acto administrativo del gobierno norteamericano y fue sentenciado a desaparecer. Es un caso sólo digno de las arbitrariedades que comete EEUU contra países pequeños, con gobiernos débiles y sin dirigentes capaces de reaccionar contra los atropellos de los más poderosos.

El dueño de La Estrella de Panamá y de El Siglo, Abdul Waked, es un comerciante de la Zona Libre de Colón, que adquirió ambos diarios hace cinco años. Según el gobierno de EEUU, es sospechoso de estar envuelto en negocios ilícitos y es considerado una amenaza para EEUU. Washington no tiene pruebas por lo tanto no puede imputarle delitos o presentar pruebas ante un tribunal.

Para pasar por encima de la ley y los acuerdos internacionales, la Secretaría del Tesoro (Ministerio de Hacienda) de ese país creó una instancia que ha denominado la “Lista Clinton”. Si una persona o empresa (persona jurídica) es incluida en esta ‘Lista’ es marginado de toda relación financiera con empresas y gobierno de EEUU. También es excluido de todo trato con terceras personas que tienen vínculos con entidades norteamericanas. En otras palabras, es condenado a muerte comercial.

En el caso de La Estrella de Panamá y El Siglo, la libertad del país y de su pueblo a ser informado es coartada por una decisión administrativa de un gobierno extranjero. Washington pretende demostrarle a Panamá quien es el verdadero soberano en territorio nacional. Incluso, el embajador de EEUU en Panamá le instruyó al dueño de los periódicos que para solucionar el problema podía vender los medios de comunicación. Ese es el nivel de respeto que EEUU tiene para la libertad de ser informado, es el nivel de respeto que tiene para las leyes panameñas y es el nivel de respeto que tiene de la soberanía panameña.

Durante el siglo XX, Panamá luchó para recuperar su soberanía sobre su posición geográfica. Fue un enfrentamiento desigual, pero finalmente los panameños vencieron gracias a su perseverancia e inteligencia negociadora. No tuvo que disparar una sola bala, a pesar de que EEUU durante décadas lanzó ataque tras ataque contra una población desarmada.

Panamá ha sido objeto de un ataque político por parte de Washington que trae a la memoria la invasión militar de 1989 y el hackeo reciente muy publicitado de una firma de abogados panameña especializada en abrir empresas (shell corporations) en paraísos fiscales de EEUU.

Washington ignora, a propósito, el orden jurídico internacional sobre el cual descansa la ley y el orden. Se considera una potencia por encima de la ley. Al mismo tiempo, no cree en el orden y promueve el caos en función de sus intereses, sin importar a quien cause daño sus acciones. En el caso de WASI, accionista principal de La Estrella de Panamá y El Siglo, si existieran elementos que la hace sospechosa de incurrir en ilícitos, EEUU debe acudir a los tribunales de justicia. Son los tribunales los encargados de dirimir conflictos de intereses.

De acuerdo a las leyes panameñas, si el dueño de la empresa que controla mayoritariamente las acciones de La Estrella de Panamá y El Siglo, es acusado y condenado de un ilícito, los diarios siguen publicándose, ya que el supuesto delito no los involucra. La medida “administrativa” (la Lista Clinton) condena a muerte comercial al empresario, a los trabajadores y a la democracia (muerte política) del país.

Sobre este último aspecto, hay razones para sospechar que en última instancia, el objetivo de EEUU es desestabilizar el país. Con este nefasto precedente, mañana otros medios de comunicación o empresas, podrán ser objetos de estas medidas arbitrarias y contrarias al derecho internacional, no importa a qué grupo comercial o partido político, esté vinculada.

El secretario general del Movimiento Independiente de Refundación Nacional (MIREN), Juan Jované, declaró que “EEUU no respeta el derecho internacional”. Jované, encabezando una delegación, visitó la planta periodística e hizo entrega de un comunicado del MIREN, de solidaridad con los trabajadores de La Estrella de Panamá y El Siglo.

Durante la visita se conversó sobre la posición ambigua del gobierno panameño frente a las pretensiones de Washington de dictar las normas legales y desconocer la soberanía nacional. Se señaló que le corresponde al Presidente de la República pronunciarse y rechazar en forma enfática los abusos de EEUU.

*El autor es profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena (CELA).

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