Sábado , Noviembre 25 2017
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Es una dicotomía. Uno lleva a lo otro. Así los exponen quienes por años han visto fríamente las cifras, la evolución y los desenlaces más desgarradores que hoy tienen envuelta a la población en un dejo de miedo por el martilleo permanente de la delincuencia en Panamá.

La realidad criminal que se oculta en la percepción

Que lo mataron para robarle, que la mató el marido o que le robaron el auto son los tés que con el auge de las redes sociales se posesionan como temas de tendencia. Se dispersan como pólvora en una sociedad arisca a los delitos pero urgida de información. Contra esa comunicación de masas luchan las autoridades. Advierten que son interpretaciones subjetivas que distan de la realidad.

El escudo de defensa y científico de las autoridades es la recopilación de datos que ofrece el Sistema Nacional Integrado de Estadística Criminales (SIEC) como única herramienta fiable que contabiliza los delitos ocurridos. De allí que descartan la relación percepción vs realidad; el primero no pasa de ser “una condición de miedo o temor a que algo le ocurra”.

El último reporte del SIEC indica que hasta el 6 de septiembre de este año la tasa de homicidio era escasamente del 8.7% por cada cien mil habitantes; 14 puntos por debajo del 22.7% que fue el porcentaje más alto alcanzado en los últimos 16 años. En el 2000 cuando se inició la recopilación de datos la tasa de homicidio por cada 100 mil habitantes era del 9.8%.

El porcentaje, convertido en números reales es de 347 homicidios ocurridos hasta septiembre de 2015, 888 en 2009 y 299 en el 2000. Y si se compara con el año anterior al mes de septiembre, hay 91 casos menos. A la fecha se había contabilizado 438 homicidios.

Con estos números, cualquier argumento contrario propicia el debate. El más reciente ocurrió en la Cámara de Comercios, Industrias y Agricultura de Panamá donde el gremio le presentó al ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera el resultado de una encuesta de percepción.

El 84% de los encuestados respondieron no haber sido víctima de delito y de ese grupo no victimizado el 80% dijo sentirse inseguro.

Aun cuando se trata de la única percepción plasmada en blanco y negro, los resultados no convencieron al ministro de seguridad de que la percepción es una consecuencia de la realidad. Por el contrario, en un informe reafirmó su postura de que “la inseguridad no tiene relación con las estadísticas porque es una condición”.

La interpretación se vincula a que solo las víctimas de delitos pueden certificarse como percepciones confiables en una encuesta. No obstante, y como dato curioso revelado por la directora del SIEC, Aracelys de Casanova indica que el 76% de las víctimas no presentan la denuncia.

Es decir, que si en 2014 ocurrieron 65,000 delitos y el 76% no presentó la denuncia, significa que existe un subregistro de 49,000 delitos no cuantificados por el SIEC en ese año. Ese grupo de víctimas puede ser la causa del incremento de la percepción que tozudamente se niega aceptar el ministro Aguilera.

“Comparto esa sensación de inseguridad”, fue el mensaje más cercano de percepción que envió a través del Twitter el jefe de seguridad pública en junio pasado cuando intentó solidarizarse con el expresidente de la República Ernesto Pérez Balladares. Uno de sus escoltas había sido baleado mientras participaba de un evento político en Bethania.

Poco después- en agosto-Aguilera tuvo que comparecer al pleno de la Asamblea Nacional para responder a los diputados sobre las acciones que respaldan su tesis de que la criminalidad está en picada. Allí expuso que el Programa Barrio Seguro es la fórmula que ha logrado rezagar las cifras.

El programa que busca neutralizar a pandilleros, como un ataque directo al problema, ha logrado incorporar según sus defensores a unos 1,083 jóvenes con un pago mensual de B/.200.00. Se estima que en el país operan unas 204 pandillas.

Pero el clamor ciudadano obligó al presidente Juan Carlos Varela a contradecir públicamente a su jefe de Seguridad de Pública. “No es percepción. El problema está allí… hay que luchar contra la inseguridad, porque Panamá tiene dos problemas serios: el narcotráfico y la violencia familiar”, fue la aceptación pública del problema que hizo Varela.

A modo de estratégica Varela y su equipo de seguridad acordaron visitar los cuarteles de los sitios con las estadísticas más altas. Iniciaron en Don Bosco y terminaron en Las Garzas de Pacora. Allí los jefes policiales rindieron un informe de gestión y maniobras a emprender para resguardar a la población.

Ahora el ministro de seguridad prefiere desviar la atención a las estrategias a ejecutar. Pareciera que la afrenta presidencial le cambió el discurso.

Cifras son imprecisas

El sociólogo Danilo Toro lleva años estudiando los números de la criminalidad y sus variables. Cuando se intenta despejar las dudas sobre la diatriba entre percepción y realidad, simplemente responde que se trata de un debate sin trascendencia porque lo uno es consecuencia de lo otro.

Es decir, que en esta materia la percepción es parte de la realidad, que las autoridades deben comprender pero que se resisten aceptar. “La gente percibe a través de los sentidos, hay que entender eso, lo que se diga es entendible”.

Para el especialista defender que las cifras muestran una tendencia a la baja es “riesgoso e impreciso”. El escenario en cifras no es más que la maduración de un fenómeno social que inició diez años atrás; y por lo tanto, “no es prudente hablar como un logro que los índices se redujeron heroica-mente en cuestión de meses”.

Desde el punto de vista científico, atender la criminalidad es un trabajo que lleva años con tendencias de mejoría en los próximos diez siguientes. “Mientras no se trabaje políticamente sobre metas a largo plazo la explosión social seguirá en crecimiento y la percepción producto de la estadística en crecimiento”, expone el sociólogo.

Por lo pronto agrega, los indicadores son importantes pero no revelan una realidad clara Pero hace concluir que la tendencia no es más que el producto de la catástrofe histórica del sistema escolar, de la violencia doméstica que es un fenómeno reproductor de violencia y de la incapacidad de las autoridades en turno de planificar estrategias de seguridad acompañada de valores.

Profesionalización del delito

Alejandro Pérez es médico psiquiatra y la experiencia lo lleva a concluir que la conducta violenta que provoca los índices delincuenciales es multifactorial.

Enumera como la explicación más razonable el desequilibrio injusto de las riquezas. Pero le sigue las deficiencias en la educación (valores, ética, moral, y académica), desempleo, conductas discriminatorias (racial, de género), pérdida del valor de la religión, de la credibilidad en las instituciones de justicia y violencia doméstica.

Con esa lista de enunciados se producen cambios en la filosofía de vida y uso de la violencia como forma de resolver problemas. “En nuestro país la conducta violenta está aumentando no solo en cantidad sino en calidad. De ser así los homicidios serán cada vez mejor pensados, la gente tenderá a tomarse las leyes por sus manos y ocurrirán conductas destinadas a producir terror”. Expone el psiquiatra.

Coincide en que la terapia para resolver la dicotomía entre percepción y realidad tomará más de una década si se emprenden acciones inmediatas al fenómeno.

El desempleo abona la crisis

René Quevedo es consultor en inserción laboral, y en su afán de buscar una explicación sencilla al problema descarta que la prevención sostenible de la delincuencia tenga que ver con la presencia policial, sino con que haya la necesidad de delinquir.

Frente a eso expone que las gestiones de gobierno le han cercenado poco a poco los espacios. Las oportunidades a la clase trabajadora joven son escasas.

Insiste que el problema no es que haya aumentado la delincuencia, sino que los jóvenes no están encontrando trabajo. Sobre eso difiere el sociólogo Danilo Toro. De ser así los índices de criminalidad más altos estarían en las comarcas y áreas rurales donde el desempleo es alto.

Pero Quevedo ofrece luces de solución en que la matriz está en la atención social y no policial, donde se incluyan estrategias de prevención con políticas de empleo inclusivo. “Al margen de todas las iniciativas en materia de seguridad hay que resolver la sostenibilidad del empleo juvenil porque de lo contrario existirá delincuencia para el rato’:

La conclusión la hace partiendo de que a falta de oportunidades crece la necesidad de delinquir.

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