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El caso de las constructoras Omega Engineering y Arcada, S.A., que se ganaron millonarias licitaciones para construir proyectos que no terminaron.

Las ‘ciudades judiciales’ y otros demonios

Por: José Arcia

Dos empresas. Dos proyectos. La misma historia. La propuesta de la Corte Suprema de Justicia de construir una “ciudad judicial” en La Chorrera (Panamá Oeste) y otra en Penonomé (Coclé) tuvo el mismo desenlace, solo que uno peor que el otro.

El proyecto de La Chorrera fue adjudicado a Omega Engineering por la suma de 16,4 millones de dólares y el de Penonomé, a la empresa Arcada, S.A., por 8,1 millones de dólares. Este último se empezó a construir en el 2008 y se debía entregar en febrero de 2012; sin embargo, cinco años después aún no se finaliza el proyecto.

Para finales de 2011, a pocos meses de que culminara el contrato, la empresa solo había avanzado un 38% y ante el atraso, el Órgano Judicial decidió no otorgar prórroga y el proyecto fue abandonado. En diciembre del año pasado, el Consejo de Gabinete avaló una contratación directa de la Corte Suprema de Justicia a la empresa Aprocosa, que fue la elegida por la aseguradora Aliados Seguro, luego de que se aplicó la fianza de cumplimiento.

De esta manera, los trabajos de la “ciudad judicial” de Penonomé se retomaron en enero de este año y el Órgano Judicial estima que se culmine en marzo de 2018. “El proyecto de Penonomé cuenta con un avance significativo y alojará todas las dependencias del Órgano Judicial del distrito, incluyendo el Sistema Penal Acusatorio”, indicó la oficina de prensa de la institución a través de un correo electrónico.

Sin embargo, los trabajadores de la obra y miembros del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) han manifestado a los medios de comunicación que ese proyecto no estará listo para marzo del próximo año.

Los cuatro años que la obra estuvo abandonada provocaron daños en algunas áreas que ya estaban terminadas y se ha tenido que “empezar de cero”, dijo el dirigente del Suntracs en Penonomé, Reinaldo Garcés, y cita de ejemplo el piso, cielo raso y tuberías. El proyecto ya supera los 11 millones de dólares.

Al mismo tiempo que Arcada, S.A. abandonaba el proyecto en Penonomé, el Banco Nacional de Panamá la contrataba de manera directa para realizar trabajos menores. La entidad bancaria estatal la contrató, en mayo de 2012, para realizar servicios de reparación de la unidad evaporadora de la sucursal de la entidad en Chame, por la suma de 990 dólares y los trabajos tenían que ser concluidos en diez días. Este contrato no tendría ninguna relevancia si no fuera porque la empresa, igual que en el proyecto de la “ciudad judicial” de Penonomé, no cumplió.

El 25 de julio de 2012, el Banco Nacional de Panamá emitió una resolución en la que inhabilita a la empresa para participar en las licitaciones del Estado por seis meses.

La otra ‘ciudad judicial’

En el 2010, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia vieron la necesidad de construir una “ciudad judicial” en el distrito de La Chorrera. En diciembre de ese año, los magistrados Aníbal Salas, Winston Spadafora y Oydén Ortega recorrieron los juzgados de los cinco distritos del área oeste que aún pertenecían a la provincia de Panamá, porque todavía no se había aprobado la ley que creó Panamá Oeste como la décima provincia del país.

Salas, que al igual que Spadafora ya no es magistrado de la Corte, dijo a los medios de comunicación durante ese recorrido que iniciaría las gestiones para obtener un globo de terreno con la finalidad de construir la “ciudad judicial” de La Chorrera.

En ese mismo año, Alejandro Moncada Luna se estrenaba como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, tras ser designado en el cargo en diciembre de 2009 por el entonces presidente Ricardo Martinelli.

En enero de 2012, Moncada Luna es elegido presidente de la Corte Suprema de Justicia y el 27 de noviembre de ese año entregaba la orden de proceder a la empresa Omega Engineering en un acto en el que participaron autoridades locales, funcionarios del Órgano Judicial y el representante de la constructora, el puertorriqueño Óscar Rivera. La obra tenía como plazo de entrega 18 meses; debía estar terminada en abril de 2013.

El entonces magistrado Moncada Luna anunció a los medios de comunicación que el proyecto representaba “un gran avance” en el proceso de modernización de la justicia en la región.

En julio de 2014 cambia el gobierno. Martinelli deja el poder e inicia el quinquenio de Juan Carlos Varela. Moncada Luna ya no era presidente de la Corte Suprema y en octubre de ese año ocurre la debacle. Moncada Luna es separado del cargo y es recluido en su residencia a cumplir una medida cautelar de casa por cárcel por una investigación por los delitos de enriquecimiento ilícito, blanqueo de capitales y falsedad ideológica, entre otros.

De la empresa Omega Engineering salió parte de los dos millones de dólares que recibió Moncada Luna de manera injustificada, de acuerdo con la auditoría que realizó la Contraloría General. Moncada Luna fue condenado a cinco años de prisión por la Asamblea Nacional y la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado giró orden de conducción al empresario Rivera, entre otros señalados en la trama de corrupción del exmagistrado.

La empresa abandonó la construcción del proyecto que solo alcanzó un avance del 55%, según documentos del Órgano Judicial. La constructora fue una de las favoritas del gobierno de Martinelli que terminó adjudicándole contratos que sumaron alrededor de cien millones de dólares. Algunos, al igual que la “ciudad judicial” de La Chorrera, están paralizados. La “Ciudad de las Artes” que impulsó el Instituto Nacional de Cultura durante la administración de María Eugenia Herrera, es uno de los proyectos inconclusos.

“La empresa interpuso una demanda al Estado panameño sobre estas obras para lo cual se nombraron abogados para defender al Estado, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Nosotros estamos a la espera de los resultados (del litigio legal)”, señaló el Órgano Judicial, mediante un correo.

¿Tienen planes de continuar el proyecto “ciudad judicial” de La Chorrera?, preguntó Portada. “En espera de los resultados de la demanda al Estado panameño”, fue la repuesta del Judicial, a través de la oficina de prensa.
A la empresa también se le adjudicó la construcción de varios Centros de Atención Primaria de Salud Integral (Minsa-Capsi), entre esos el de Río Sereno, provincia de Chiriquí, por la suma de 3 millones de dólares, pero que terminó costando 11 millones de dólares.

La empresa no solo tuvo problemas en Panamá, sino también en Puerto Rico. Allá abandonó el proyecto de construcción de una carretera costanera con espacios públicos conocida como Paseo Puerta de Tierra. De acuerdo al sitio web “Centro de Periodismo Investigativo”, la empresa cometió errores en la construcción, entró en impago con suplidores y por falta de liquidez abandonó la obra.

En un intenso reportaje sobre ese proyecto, el Centro de Periodismo hace referencia a Panamá, específicamente con la vinculación de Omega Engineering con el escándalo de Moncada Luna y el posible delito de lavado de dinero. En la nota periodística se señala que la empresa presentaba problemas económicos desde el 2012, cuando tuvo pérdidas netas por la suma de 1.3 millones de dólares y el año siguiente, por 3.5 millones de dólares. Mientras en Puerto Rico la constructora mantenía pérdidas, en Panamá se llenaba de contratos para construir obras que, en algunos casos, fueron abandonadas.

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