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El caso de corrupción ha estremecido a América Latina. En Panamá la causa avanza: la Procuraduría ha roto su silencio inicial, revelando nombres y cifras derivadas de los procesos que han tenido lugar en Suiza, EEUU y Brasil.

Odebrecht y su coima americana

Por: Nicolás Espinosa Serrano

Al cierre del 2016, Estados Unidos hizo público el entramado de corrupción que involucra a la constructora brasileña Odebrecht y a diez países latinoamericanos, incluyendo a Panamá, por el que se multó a la empresa suramericana con 2600 millones de dólares.

“La relación de la empresa Odebrecht con este país data de 2007, cuando se inició la construcción de la primera de las tres etapas de la llamada Cinta Costera”. La denuncia estadounidense no menciona nombres, pero explica cómo Odebrecht armó una estructura para administrar una red internacional de pagos ilegales, al tiempo que obtenía contratos por un valor superior al monto de dichos pagos o dádivas.

Sin lugar a dudas, es el mayor escándalo de corrupción de los últimos años en la región, en el que se menciona a expresidentes, empresarios y altos representantes gubernamentales, por una coima de casi 800 millones de dólares para conseguir y mantener contratos con el sector público.

Affaire panameño

Según la documentación hecha pública, al menos 59 millones fueron repartidos en Panamá, entre los años 2010 y 2014. No obstante, la relación de la empresa Odebrecht data de 2007, cuando comenzó la construcción de la primera de las tres etapas de la llamada Cinta Costera, durante el gobierno del presidente Martín Torrijos (2004-2009).

En los últimos diez años, esta compañía ha ganado contratos por 9200 millones de dólares, en las administraciones de Torrijos, Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Valera (2014- presente). Actualmente, Odebrecht está involucrada en la construcción de la Línea 2 del Metro, por más de 1857 millones de dólares; la renovación de la ciudad de Colón, por 537 millones de dólares, y la ampliación del aeropuerto de Tocumen, por aproximadamente 800 millones de dólares.

En esa dirección, la administración varelista expresó su respaldo a las investigaciones judiciales y aseguró que hará que la empresa cumpla “estrictamente los contratos pactados” con “total transparencia” de obras ahora en construcción. Asimismo, vetó la participación de Odebrecht en nuevas licitaciones, y anunció que se constituirá en querellante en el proceso judicial que se le sigue. “Odebrecht pagó coimas por alrededor de 788 millones de dólares a funcionarios y empresarios de 10 países de Latinoamérica, en lo que se califica como el caso de corrupción más grande de la región”.

Bajo sospecha

La procuradora general, Kenia Porcell, informó en enero pasado que se habían formulado cargos a diecisiete personas, por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, todos relacionados al caso Odebrecht. Entre ellas se incluye a tres ex altos funcionarios, trece empresarios –ocho de ellos panameños– y a un oficial de la banca privada.

Aunque en su momento Porcell no precisó nombres, se conoció que entre ellos se encuentran el ex presidente Ricardo Martinelli, el ex ministro de Obras Públicas Federico José Suárez y el ex director de la Caja de Seguro Social (CSS) Guillermo Sáez. Además, el hermano y los hijos del exmandatario, Mario Martinelli Berrocal y Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, respectivamente.

No obstante, solo a nueve de ellos, incluidos los antes mencionados, se les presentó cargos, todos vinculados en una u otra forma a la sociedad Promotora y Desarrollo Los Andes, S.A (empresa de Federico Suárez). Aunado a ello, a los hermanos Martinelli Linares se les incautó 22 millones de dólares depositados en cuentas bancarias en Suiza, país que multó a la empresa con alrededor de 200 millones de dólares.

Un asunto ya deliberado

Las denuncias en Panamá contra el consorcio brasileño no son nuevas. En septiembre de 2015, el excontralor Alvin Weeden le solicitó al Ministerio Público (MP) que les investigara, bajo la sospecha de haber incurrido en un delito contra el orden económico en perjuicio del Estado panameño. Weeden buscaba allanar el camino para una posible investigación a Odebrecht, relacionada al caso de corrupción en Brasil conocido como “Lava Jato”, en el que se vinculó a la entonces presidenta brasileña Dilma Rousseff y al ex mandatario de ese país, Luis “Lula” Da Silva.

Un mes después de la solicitud, el Juzgado Duodécimo de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá dictó un sobreseimiento provisional, acción que revirtió en diciembre pasado, luego de la denuncia de Estados Unidos. “Odebrecht utilizó los sistemas financieros de Estados Unidos y Suiza para ocultar el dinero pagado en sobornos, por lo que ha sido multado en conjunto con 2800 millones de dólares”, señaló el Departamento de Justicia de aquel país.

En medio de todo este panorama, la Cámara de Comercio de Panamá expresó la necesidad de “iniciar una cruzada nacional” contra la corrupción, y anunció la expulsión de Odebrecht de su membresía. La cámara busca con su iniciativa, a la que se han sumado otros gremios, poner fin a “estos años de sobresaltos y debilitamiento institucional”, según indica en un comunicado.

A finales de enero, cientos de personas marcharon hacia la Procuraduría General de la Nación para exigir celeridad y el fin de la impunidad y la corrupción en el país.

Alcance internacional

La lista “Odebrecht” involucra a exfuncionarios y empresarios de Brasil, Guatemala, México, Argentina, Venezuela, Perú, Ecuador, República Dominicana y Colombia. He aquí algunos detalles:

Brasil
Odebrecht pagó desde el 2009 un aproximado de 349 millones de dólares en sobornos a partidos políticos, funcionarios extranjeros y sus representantes en Brasil.
Un total de doscientos políticos de dieciocho partidos recibieron donaciones para sus campañas, incluyendo a ex presidentes del país. Las investigaciones de este caso están relacionadas con la operación “Lava Jato”, que también ha repercutido en Suiza.

Guatemala
Se afirma que se pagaron sobornos por 18 millones de dólares entre 2013 y 2015, durante el Gobierno del presidente Otto Pérez Molina. Existen varias denuncias contra el gigante brasileño en Guatemala, una de ellas por el proyecto de rehabilitación y ampliación de una carretera fronteriza con México, que debió terminarse en julio pasado, pero que solo estaba avanzada en un 33 %.

México
La Secretaría de la Función Pública mexicana realiza la recopilación de información sobre los supuestos pagos, en coordinación con la petrolera estatal, Pemex, mencionada también en el escándalo.
Según Estados Unidos, el pago de sobornos se registró entre 2010 y 2014, por un total de 10,5 millones de dólares, seis de ellos pagados a un solo funcionario de una empresa paraestatal, con la intención de que los ayudara a ganar un proyecto.

Argentina
Las acciones ilícitas de Odebrecht se registraron entre 2007 y 2014 -por un valor de 35 millones de dólares-, periodo en que presidieron la nación argentina Néstor Kirchner (2003-2007) y su esposa, Cristina Fernández (2007-2015).
Actualmente, se estudia una denuncia contra el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Argentina, Gustavo Arribas, por supuestamente recibir una transferencia de 600 000 dólares por Odebrecht, en el 2013.

Venezuela
En un periodo comprendido entre 2006 y 2015, Odebrecht efectuó pagos sospechosos a funcionarios gubernamentales y sus intermediarios por aproximadamente 98 millones de dólares.
También se advierte que donó 35 millones de dólares a la última campaña presidencial del fallecido Hugo Chávez en 2012, y que la oposición recibió dinero para respaldar su campaña política.

Perú
El Ministerio Público investiga el pago de 29 millones de dólares a personas allegadas a los gobiernos de los expresidentes Alejandro Toledo, Alán García y Ollanta Humala. Las primeras investigaciones precisan que al menos siete millones de dólares en sobornos fueron para lograr la adjudicación de la Línea 1 del Metro de Lima.
En el ilícito están involucrados el ex viceministro de comunicaciones, Jorge Cuba, el presidente del comité que licitó la obra, Edwin Luyo, y el ex funcionario Miguel Navarro. Estos dos últimos han sido detenidos. El Gobierno resolvió terminar su relación con Odebrecht, que tenía la concesión de un gasoducto valorado en 7 000 000 000 de dólares.

Ecuador
Entre 2007 y 2016, la firma brasileña estuvo involucrada en pagos por 33,5 millones de dólares a funcionarios gubernamentales. Odebrecht fue expulsada del país en 2008 por el gobierno del presidente Rafael Correa, pero dos años después fue readmitida, tras firmar un acta de compromiso para ser contratista.
Actualmente, la firma suramericana trabaja en la segunda fase del metro de la ciudad de Quito.

República Dominicana
Entre 2001 y 2014 se registraron pagos ilícitos por un valor de 92 millones de dólares, que le trajeron beneficios a Odebrecht por 163 millones de dólares.
La empresa negó el desembolso de sobornos, pero aceptó haber entregado esa suma al empresario Ángel Rondón. Este último reconoció que recibió el dinero en pago por sus servicios como representante comercial de la empresa brasileña.

Colombia
En este país se pagaron coimas por 11 millones de dólares entre el 2009 y 2014. El viceministro de Transporte durante el Gobierno de Álvaro Uribe, Gabriel Ignacio García Morales, confesó haber pedido 6,5 millones de dólares a Odebrecht para que se adjudicara un proyecto millonario de carretera.

Según la Fiscalía General de Colombia, los pagos de esta y otras coimas se hicieron utilizando cuentas bancarias en Panamá y Andorra.
A raíz de las investigaciones que se realizan también está detenido el excongresista Otto Nicolás Bula Bula, acusado de recibir 4,6 millones de dólares para asegurar la adjudicación de un contrato para la construcción de una autopista.

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