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Panamá muestra avances en la lucha contra el blanqueo de capitales

Panamá ha logrado importantes avances para mitigar los riesgos asociados al blanqueo de capitales, los cuales serán evaluados del 15 al 26 de mayo por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) durante una visita in situ en la capital panameña.

El presidente Juan Carlos Varela aseguró que este proceso de evaluación permitirá presentar ante el GAFILAT el cumplimiento y efectividad del marco legal y demostrarle al mundo que ha Panamá ha fortalecido sus sistema de prevención.

Al participar del encuentro de alto nivel con el GAFILAT, el Mandatario resaltó que su Administración es consciente de que en esta lucha contra el crimen organizado es “crucial la cooperación con otros Estados y los Gobiernos deben contar con herramientas que permitan ir a la velocidad de los delincuentes que no conocen fronteras, formalidades ni procesos burocráticos en la ejecución de sus actividades”.

Recordó que Panamá salió de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) en febrero de 2016, luego de un compromiso de Estado que permitió la implementación de medidas como tipificar el blanqueo de capitales, el reporte de actividades sospechosas, el combate al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva; entre otras.

“Estos son temas prioritarios porque nuestra plataforma financiera y logística requiere un blindaje contra estos delitos del crimen organizado, lo que nos exige mayor rigor y cuidado para cumplir con los más altos estándares internacionales de transparencia, siempre en consonancia con las exigencias de la comunidad internacional”, precisó Varela.

Durante la evaluación, Panamá presentará los avances en la implementación y efectividad de las nuevas medidas para la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva aprobadas mediante la Ley 23 del 27 de abril de 2015.

En Panamá ya se adoptó un marco regulatorio acorde con los más altos estándares internacionales, además de invertir recursos en sus entidades reguladoras con el firme propósito de que las mismas puedan operar con mayor eficiencia.

Para el gobernante, estas actividades delictivas socavan la autoridad del Estado al fomentar la corrupción y daños a la economía legítima, trayendo repercusiones en la vida de los ciudadanos y por ello, “no permitiremos ni facilitaremos la consecución de estos graves delitos en nuestro país”.

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