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Piden a la Corte investigar las “donaciones” en la Asamblea Nacional

La Autoridad de Nacional de Transparencia y Acceso a la Información solicitó a la Corte Suprema de Justicia de Panamá (CSJ) que investigue y sancione a los diputados que hayan realizado donativos fraudulentos con fondos del erario público, indicó una fuente oficial.

La petición se hace eco de las publicaciones en medios locales sobre el supuesto mal manejo de dinero del Estado por parte de los parlamentarios a través de las dádivas y contratos de servicios profesionales que suman millones de dólares.

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) señaló en un comunicado que le ha solicitado a la CSJ que inicie procesos de investigación “a todo aquel diputado que haya realizado donaciones de forma fraudulenta, y sancione a quien haya cometido una irregularidad con los activos del Estado”.

Recordó que dentro de las funciones Constitucionales asignadas a los diputados no está la de administrar recursos públicos, por lo que considera que estas donaciones “se deben eliminar y no reglamentar, tal como propone la Contraloría General de las República” (CGR).

Instó a la Asamblea Nacional (AN, parlamento) a que maneje este delicado asunto con la “Transparencia y el Derecho a la Información Pública” que le señala la Constitución Política.

La ANTAI tiene entre sus varias atribuciones la lucha contra la corrupción.

El jueves el parlamento informó que comisión legislativa investigará las polémicas donaciones y subsidios, que superaron los 12 millones de dólares entre 2014 y 2016, para aclarar cualquier irregularidad.

La comisión, según anunció el diputado y presidente de la AN, Rubén De León, estará formada por tres diputados e indagará durante un mes el procedimiento para la entrega de donativos, subsidios y contratos.

Este comité “se constituye en un mecanismo de transparencia para aclarar este tema” y “despejar toda inquietud”, anunció De León, del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Los comisionados son los diputados Yánibel Ábrego, del opositor partido Cambio Democrático (CD) y segunda vicepresidenta de la AN; Leandro Ávila, del PRD; y Juan Carlos Arango, del oficialista Partido Popular (PP).

De León dijo que además se integrará una firma de auditores independientes, y aseguró que serán suspendidos los contratos por servicios profesionales y los aportes que se dispone en el renglón de “objeto de pago” en la Ley de Presupuesto.

El abogado Ernesto Cedeño, quien presentó en meses pasados una demanda de inconstitucionalidad contra la figura “clientelista” de los donativos de la AN, dijo ayer a Efe que la figura de la comisión “no tiene ninguna validez a nivel técnico”.

Señaló que esto es así porque la CSJ ha determinado que “los únicos auditos que son valederos para descubrir un delito contra la Administración Pública son los que hace la CGR.

El letrado pone en duda la “validez de estas investigaciones” que tendrá en su manos esta comisión, ya que, destacó, “difícilmente un homólogo va a descubrir una presunta irregularidad de un colega”, porque hay “diputados y allegados a diputados” mencionados en este asunto.

Para tratar de llegar a la verdad, lo que procede es que la CGR haga una auditoría del manejo de los donativos y subsidios que ha refrendado, y luego, el Ministerio Público (MP), una investigación de oficio, apuntó Cedeño.

Explicó que si el MP descubre que un diputado está envuelto de manera directa debe desglosar el expediente y remitirlo a la CSJ, que tiene la competencia de investigar a los parlamentarios.

El pasado 9 de noviembre, la CGR informó de que redactó un manual de procedimientos para fiscalizar que todo fondo para donaciones asignado en el presupuesto de la AN sea verificado correctamente para evitar cualquier tipo de discrecionalidad.

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