Domingo , Abril 30 2017
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El pleno de la Asamblea Nacional le puso el punto final a una discusión que, en este caso, fue distinta. Ratificar en tiempos convulsos los nombramientos de Ángela Russo y Cecilio Cedalise, dos desconocidos en el argot mediático abogadil, como nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia.

Quince años de diciembres agitados

Fueron ratificados el mismo día en que el pleno de la Corte Suprema de Justicia decidía la suerte del expresidente Ricardo Martinelli, señalado como autor intelectual de escuchas ilegales a cientos de víctimas de un régimen de gobierno inédito. De más está decir que ese día las cámaras de las televisoras apuntaban en dirección al idolatrado cerro Ancón y no hacia la nueva torre legislativa de la avenida de Los Mártires.

Seleccionados de entre ciento  cincuenta y tres aspirantes, y finalistas de una lista de diez “potables” escrutada por el Consejo de Gabinete, Russo y Cedalise llegan al Palacio de Justicia en medio de muy pocas expectativas de que, a través de su concurso, se logre ubicar a este órgano del Estado en un sitial distinto al que hoy ocupa.

Para el gusto de algunos de los que hoy militan en organizaciones de la llamada sociedad civil, que el trámite legislativo de ratificación -en sesiones extraordinarias, como ya es común- se haya cumplido “a tambor batiente” opaca aquel barniz de transparencia y concurso ciudadano que esta vez quiso aplicar el Ejecutivo, despojándose de una prerrogativa constitucional.

El caso específico de la nueva magistrada Russo encontró en la diputada del opositor Partido Revolucionario Democrático Zulay Rodríguez una voz disidente en el hemiciclo por consideraciones que le hace al esposo de Russo y no por actuaciones, faltas o delitos cometidos por ella.Por lo demás, los nombramientos de Russo y Cedalise cumplen con todas las de la ley y le dan forma a un pleno donde la figura de los magistrados suplentes tiene un protagonismo más llamativo; aunque esto es harina de otro costal y es algo que veremos más adelante.

Repaso

Diciembre no solo nos gustó “pa’ que te vayas”, como dice lamilonga que inmortalizó aquel Gran Combo de Puerto Rico. Desde el 2000 (cuando vencen los nombramientos de varios de aquella “Corte de lujo” que una vez dijo tener el entonces presidente Guillermo Endara) este mes de compras, regalos y excesos también ha servido para renovar a la máxima manifestación de uno de los tres órganos del Estado.

Así las cosas, a lo largo de estos quince años hemos visto estrenarse como magistrados de la Corte Suprema de Justicia a exministros de Estado, un ex procurador, ex legisladores de la República, profesionales independientes y uno que otro funcionario de carrera.

Los nombres de Adán Arnulfo Arjona, Aníbal Salas, Winston Spadadora, Alberto Cigarruista, José Troyano, Graciela Dixon, Eligio Salas, Esmeralda de Troitiño, Jorge Federico Lee, Harley Mitchell, Oydén Ortega, Jerónimo Mejía, Víctor Benavides, José Ayú Prado, Hernán De León, Alejandro Moncada Luna y Harry Díaz se asocian a procesos -unos más abiertos que otros- de selección de nuevos magistrados.

Todos -sin excepción- debieron pasar por el pleno de la Asamblea Nacional para su ratificación en la víspera de la Nochebuena, y la mayoría llegó al Palacio de Justicia ‘Gil Ponce Arosemena’ los primeros días de un mes de enero a lo largo de los quince años antes descritos.

Incomparable

En este punto hay que resaltar el extraño caso del exmagistrado Arturo Hoyos, sobreviviente de aquella “Corte de lujo” de Endara, ratificado por el expresidente Ernesto Pérez Balladares para un segundo período como miembro del Judicial y -curiosamente- presidente del mismo en tres ocasiones distintas. Como quien dice, todo un fenómeno en el principal organismo de justicia del país, de la invasión hasta nuestros días.

Fenómeno porque solo él en las últimas dos décadas había repetido como magistrado, solo él ocupó en esos veinte años la Presidencia del Judicial en períodos consecutivos (1994-1999).

Sobreviviente inexplicable de acérrimas pugnas internas en la Corte, muy cuestionado por su hermetismo a la hora de ventilar temas de esa misma Corte que se suponían “asuntos públicos” e inmune a las presiones de los políticos y dueños de las firmas forenses con influencia.

De él poco se sabía antes de que el expresidente Endara lo seleccionara para llenar los espacios que dejaron vacíos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que “renunciaron” a sus cargos en medio de los bombazos de la invasión antes mencionada.

Es egresado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá; cursó estudios en las Sussex, Cambridge (Inglaterra), Lovaina (Francia) y Bologna (Italia). Ejerció como profesor de Derecho Laboral en la Universidad de Panamá y abogado de la firma forense Arias, Fábrega y Fábrega, cuando fue llamado por Endara.

Integró la “Corte de lujo” que formaban, además: Carlos Lucas López, Rodrigo Molina, Raúl Trujillo Miranda, José Manuel Faúndes, Edgardo Molino Mola, Aura Emérita Guerra de Villalaz, Fabián Echevers y César Quintero.

Amiguismo

A inicios de diciembre de 2001, se produce una de las controversias políticas más ácidas de la posinvasión, cuando un Ejecutivo controlado por la panameñista Mireya Moscoso propone a su “compadre” Alberto Cigarruista, uno de los legisladores más mediáticos del oficialismo, como reemplazo del magistrado Eligio Salas (hoy fallecido); y a uno de sus ministros de Estado, Winston Spadafora, para reemplazar a la magistrada Mirza Franceschi de Aguilera, madre del actual ministro de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera Franceschi.

Sin contar con los votos necesarios para estas ratificaciones, el Gobierno envía a la entonces Asamblea Legislativa la Resolución 100, aprobada por el Consejo de Gabinete, que nombraba a Cigarruista en la Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia por el período comprendido del 1 de enero del 2002 al 31 de diciembre del 2011. Como su suplente el Ejecutivo designaba, por igual período, a Virgilio Trujillo López, quien ejercía entonces como profesor en la Universidad de Panamá.

Por otro lado, la Resolución 101 designaba por el mismo período a Spadafora en la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Corte, y como su suplente a Jacinto Alberto Cárdenas Montenegro, miembro de la firma forense del propio Spadafora.

El pleno de la Asamblea Legislativa -controlada por la oposición- se negaba a las ratificaciones de estos nombramientos y la presidenta Moscoso, empujada por esas presiones, asomaba la posibilidad de que tanto su compadre como su exministro tomaran posesión de sus cargos obviando el trámite legislativo.

Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa por esos días, Rubén Arosemena, aseguraba que nunca se había visto en el mundo que los magistrados tomaran posesión sin ratificación, y que eso lo único que provocaría sería controversias innecesarias entre los diferentes órganos del Estado.

Agregaba que el Ejecutivo no puede “imponer” a ninguna de las personas que designó para magistrado de la Corte y por eso la necesidad de someterlos a la ratificación. Arosemena “exigió” al Ejecutivo que dejara que la Asamblea decidiera sobre los nombramientos que estaban pendientes de ratificación.

Al final, Moscoso no solo logró los votos para estas ratificaciones, sino que logró quebrar ese escudo político que le impedía tomar decisiones más allá de sus competencias, al sumar “en calidad de aliados” a varios diputados y dirigentes del opositor Partido Revolucionario Democrático. Lo demás es historia patria.

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