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La decisión fue tajante. Ricardo Martinelli seguirá detenido en el Centro Federal de Miami y atenderá el proceso de extradición entre rejas.

Ricardo Martinelli, en una épica batalla jurídica

Por: Nicolás Espinosa Serrano

El juez Edwin G. Torres rechazó la posibilidad, de que el ex jefe de Gobierno panameño enfrente ‘en libertad’ su proceso de extradición.

“Martinelli representa un serio riesgo de fuga, porque podría aprovechar sus conexiones –y sus abrumadores recursos financieros- para establecerse en el extranjero”, dictaminó Torres.

El magistrado estadounidense en su manifiesto de 49 páginas, ‘desmenuzó cual cirujano’, todas y cada una de las pruebas presentadas, tanto por una parte como por la otra, dándole no solamente una interpretación legal a las mismas sino también una valoración concreta.

Martinelli (2009-2014) fue arrestado el pasado 12 de junio por policías federales, cuando llegaba a su residencia en Coral Gables (Florida), atendiendo una solicitud de extradición del gobierno panameño por corrupción y espionaje.

Han pasado más de un mes desde ese entonces y se presagia que pasarán algunos más, porque el equipo de la defensa una vez conocido el fallo, afirmó que interpondrán los recursos que sean necesarios para impedir la extradición.
En la conclusión de su sentencia, Torres marca cuatro puntos, destacando el hecho de que al acusado se le niega su “solicitud de liberación”, y que por ello tendrá que “permanecer en custodia” durante todo el proceso.

Aseveró que frente a la necesidad de implementar el tratado de extradición firmado por ambos países, y preservar el rol de la correcta administración de justicia, era importante de que el ex mandatario se mantuviera detenido hasta que el proceso de extradición se complete.

No obstante, dejó abierta la posibilidad de que las partes, Martinelli y el Estado panameño, se pusieran de acuerdo sobre este caso, antes de que se iniciara el juicio en el país norteño.

“El presidente Martinelli es, desde luego, libre de saltarse los siguientes procedimientos de extradición aquí (en EEUU) y regresar de manera expedita a Panamá, donde puede buscar de nuevo una fianza”, señaló Torres.

Al ex presidente se le menciona en más de una docena de casos irregulares en Panamá, pero la de “interceptación no autorizada de las comunicaciones”, fue la utilizada por el Gobierno para presentar su pedido de extradición en 2016.

En esa sentido, se le señala por la supuesta comisión de los delitos de inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, peculado de apropiación y peculado de uso.

El programa que se habría usado para ello es el llamado Pegasus, comprado a una empresa israelí, el cual se infiltra en los celulares por medio de vínculos con malware en mensajes de texto para monitorear desde los calendarios, contactos y correos, hasta la posibilidad de saber qué teclas son pulsadas.

Además de Martinelli, también son encausados por este caso los ex secretarios del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Garuz y Gustavo Pérez; y los ex funcionarios de la entidad, Ronny Rodríguez y William Pittí.

Argumentos por doquier

Desde el día uno en que Martinelli enfrentó a la justicia estadounidense, vestido con uniforme crema y esposado de pies y manos, su equipo legal presentó una serie de alegatos, buscando con ello, en primera instancia, su libertad, y en segunda, que se desestimara su caso de extradición.

Una lluvia de argumentos y documentos fueron presentados entre ese 13 de junio y el día 20 (cuando se realizó la segunda audiencia), que fueron desde ser un perseguido político hasta problemas con su estado de salud.

Se contabilizaron más de 30 documentos, entre la defensa, representada por John Richard Byrne y Marcos Daniel Jiménez; y la fiscalía, en las personas de Benjamin G. Greenberg y Adam S. Fels.

Tras el rechazo de la fianza de excarcelación, se esperaban otras acciones legales por parte de Byrne y Jiménez en otras instancias, como la presentación de una apelación, un hábeas corpus o una reconsideración.

Sin embargo, en estos momentos el terreno es mucho más complejo.

Torres arguyó que no se trata de un caso penal donde es común la concesión de fianza, sino de “un procedimiento administrativo que surge bajo la ley internacional para la certificación y aprobación de la decisión del Departamento de Estado de extraditar a una persona a petición de un gobierno extranjero”.

“Desafortunadamente para el presidente Martinelli, uno de esos principios firmemente arraigados es que en casos de extradición, la fianza ´debe ejercerse sólo en las circunstancias más apremiantes, y cuando las exigencias de la justicia son absolutamente perentorias´”.

El más buscado

Desde el primer día en que el ex presidente Ricardo Martinelli fue mencionado en un caso judicial en Panamá, se conformó un equipo jurídico para hacerle frente a estos, y en no pocas ocasiones han hecho trastabillar los procesos que se le siguen.

A Martinelli se le investiga, entre otros casos, por la compra de comida deshidratada, los sobornos pagados por la empresa Cobranza del Istmo, el desfalco millonario a la casa de valores Financial Pacific, y por algunos indultos aprobados durante su administración.

El primer caso que admitió el Supremo panameño data de enero de 2015 y, desde entonces, se fueron añadiendo los otros, pero en ninguno de ellos se logró la comparecencia de Martinelli, domiciliado en los Estados Unidos desde esa época.

Pero la soga se fue estirando o fue estirada, hasta que tocó el otro extremo, y la justicia estadounidense prestó atención al pedido de extradición del gobierno panameño, y en junio pasado detuvo al personaje más buscado en la historia de la jurisprudencia istmeña.

Martinelli es solicitado por la justicia panameña por “escuchas ilegales”, desde el Consejo de Seguridad Nacional, durante su gobierno.

La denuncia se sustenta en que desde el 2012 hasta mayo de 2014, se interceptaron comunicaciones de unas 150 personas, entre ellos, políticos, periodistas, empresarios y activistas de la sociedad civil.

La Corte declaró al ex jefe de Estado “en rebeldía” el 11 de diciembre de 2015, por no presentarse a la audiencia donde se presentarían los cargos, y dos semanas después la misma instancia judicial ordenó su detención preventiva.
A finales de septiembre de 2016, la Cancillería panameña solicitó al Departamento de Estado de los Estados Unidos, “detener y extraditar a Martinelli”, sustentado en un tratado bilateral entre ambos países del año 1904, así como en la Convención Anticorrupción de Naciones Unidas de 2003 y la Convención del Cibercrimen de 2004.

En mayo pasado el circuló quedó cerrado, cuando la Policía Internacional (Interpol) lanzó una alerta roja para capturar a Martinelli.

Ribetes y entuertos políticos

Una de los personajes velados en toda esta encrucijada de situaciones, es el actual presidente Juan Carlos Varela, quien ha sido acusado por su antecesor de ‘perseguidor político’.

En la primera audiencia, uno de los abogados defensores dijo que Panamá está “aliado” con los gobiernos de Cuba y Venezuela, dándole inmediatamente un matiz político al suceso.

Durante la segunda, los juristas sostuvieron que la persecución política se inició inmediatamente después de que Varela tomara posesión como mandatario (julio de 2014), y arreció cuando su cliente anunció su intención de correr como vicepresidente por su partido Cambio Democrático (CD) en las elecciones de 2019.

También afirmaron que la detención se produjo días antes de la reunión entre Varela y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que le daba, una vez más, una connotación política al arresto.

“Nada ni nadie me hará separarme de mi familia, a pesar de las circunstancias políticas y las persecuciones”, fue parte del mensaje enviado por Martinelli a su hija Carolina el pasado 10 de junio, manteniendo su argumento der ser un “perseguido político”.

Carolina Martinelli contrajo matrimonio en esa fecha con Michel Garuz, hijo de Alejandro Garuz, exministro y exsecretario de Seguridad Nacional durante el gobierno de Ricardo Martinelli.

Complejo proceso de extradición

De cumplirse la extradición, Ricardo Martinelli sería detenido una vez pisara suelo panameño por órdenes de la Corte Suprema.

Asimismo, se fijaría una fecha para la audiencia que quedó pendiente por desacato, aunque ésta podría quedar en el aire de solicitarse por parte del equipo de defensa del ex presidente, un cambio en la medida cautelar.
De esto suceder, la Corte tendría que sesionar para evaluar la petición.

Ahora, para que este escenario se registre, todavía falta mucha tela que cortar en la Corte Federal de Miami, por todos los aspectos jurídicos-políticos que aún faltan por cubrirse.

No obstante, para propios y extraños siempre quedará presente el subliminal mensaje, que una vez Martinelli lanzara desde una tribuna en Azuero: “Péguenme a mí…sean hombrecitos, péguenme a mí, que yo sí soy un hombre de verdad”.

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