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Rosa y el veneno que le corre por el cuerpo

En sus días buenos, Rosa no siente los bichos comerle su cuerpo. Pero, en ese periodo, no se puede quitar de encima los dolores en las articulaciones, el dolor de cabeza y la diarrea. Así ha vivido ocho años, desde la mañana en que su doctora de cabecera, Lourdes Cordero (nombre ficticio) le recetó dos frascos de expectorante sin azúcar mezclados con dietilenglicol.

Por José Arcia

Rosa era una trabajadora que no faltaba a su empleo. Preparaba los capuchinos en un restaurante en El Dorado. Entró a laborar en ese comercio tras la muer­te de su esposo, para mantener a sus dos hijos y sus padres que residen en la provincia de Veraguas.

La mañana del 7 de agosto de 2006 fue a la policlínica de Torri­jos-Carter por un remedio para el malestar. Moqueando es difícil preparar comida en un restaurante. El aire acondicionado riega la enfermedad por el local.
La doctora Cordero la conocía desde hace cuatro años. La facultativa le preguntó por la familia y por el trabajo. Es una de las médicas que no se concentra únicamente en la enferme­dad. Conversaron un rato y Rosa volvió a su casa ubicada en lo alto del Valle de Urracá con un certificado de incapaci­dad para ese día y una receta: dos frascos de expectorante sin azúcar.

A Rosa le pareció raro que le recetaran el fármaco sin azúcar. Hasta esa fecha, 7 de agosto de 2006, en su ex­pediente clínico no constaba que tenía problemas con el azúcar. Por la confianza que le tenía a su doctora no quiso averiguar. “Debe ser que se le acabó el que tiene azúcar”, pensó mientras las culebreadas veredas de la comunidad, que es parte del distrito más poblado del país, San Miguelito.

A ración de una cucharada cada ocho horas, en una semana la paciente había ingerido un frasco. Los síntomas del resfriado convivían con dolores de cabeza, mareos y diarrea.

Comenzó a atenderse cada semana en la policlínica. La doctora de cabecera le recetaba fármacos para las nuevas do­lencias aunque en los exámenes no se reflejaba ninguna complejidad.

Ese mismo año, no recuerda el mes, Rosa preparaba una sopa para su hijo menor cuando escuchó la noticia en la televisión. Las autoridades reconocían que las muertes que habían atribuido al Síndrome Respiratorio Agudo (Sira) eran causadas por un jarabe para el res­friado que distribuía el Seguro. Fue a la mesa de los remedios y verificó lo que ya sabía.

Al día siguiente, pidió cita con la doctora Cordero. Usted me dio el ja­rabe envenenado, le dijo a la docto­ra. “Es por eso que no me encuentra de dónde vienen mis males”. Ambas rompieron a llorar. El jarabe recetado en la red hospi­talaria de la Caja de Seguro Social había cobrado más de un centenar de víctimas para entonces. Rosa trataba de no pensar en la muerte, intentaba olvidar que estaba envenenada; fue la estrategia para continuar con su vida de antes. En el restaurante, cuando los dolores le atacaban, se sentaba y al rato volvía a preparar los capuchinos.

ONCE DÍAS Y ONCE LIBRAS MENOS

El doctor Néstor Sosa, después de la tragedia del envenenamiento, ha dirigi­do el Instituto de Estudios de la Salud Williams Gorgas. En 2006 ocupaba una jefatura en el centro hospitalario más grande del país, el Complejo Hospitala­rio Arnulfo Arias Madrid, donde morían los pacientes por lo que ellos llamaban Sira. En septiembre comenzaron a ana­lizar los casos y asegura que en once días se encontró la causa de la muerte de los enfermos: en jarabe sin azúcar mezclado con el líquido para motores de carros.

Tras once días y varias noches de estudios de un equipo comandado por Sosa y del análisis de cuatro frascos del expectorante al Centro de Estudios de Enfermedades Tropicales de Atlanta (CDC), se confirmó la razón de la trage­dia: el jarabe. Esa conferencia de prensa del entonces ministro de Salud, Camilo Alleyne, y del entonces director de la Caja de Seguro Social, René Luciani, fue la que Rosa escuchó mientras le pre­paraba la sopa a su hijo.

La orden de las autoridades ese día era botar los frascos. Rosa escuchó el men­saje y colocó el que estaba lleno con los desperdicios del patio. Un contingente de funcionarios del Ministerio de Salud y la CSS recorrían las casas recolec­tando los frascos de jarabe sin entregar ninguna constancia del recibo del medi­camento. Según los cálculos de Sosa se recibieron 65 mil frascos.

El entonces presidente de la Repú­blica, Martín Torrijos, dispuso cerca de 11 millones de dólares “de ayuda hu­manitaria” para los sobrevivientes y los familiares de algunos fallecidos. En este pago se incluyó a enfermos sospechosos de la ingesta del fármaco. Se entregaron desde 30 mil dólares hasta 300 mil, en función de si el afectado era profesional o jornalero. Para 2009, cuando terminó la gestión del presidente Torrijos, el fiscal Dimas Guevara continuaba con el caso. Se habían analizado 19 cajas, declaraba. Y entregó una lista a los medios de comu­nicación de 1,155 nuevos casos. Esos 1,155 envenenados, recomendaba, de­bían ir a las instalaciones médicas por atención contra veneno. Entre 2006 y 2009, el Ministerio Público reportaba 189 casos positivos, 135 defunciones y 825 denuncias de personas afectadas. El doctor Sosa quedó con once libras me­nos por esos días de trabajo contrarreloj.

LA VIDA CUESTA ARRIBA

En el aparador de la casa de Rosa, junto a los platos y vasos, hay una do­cena de medicamentos. En la mesa está el televisor que diez años atrás le mostró la tragedia. Rosa se acerca al dispositivo, una reliquia para los tiempos de la moda plana, y le desconecta el cable de la corriente. La pantalla muere.

Rosa muestra una libreta escolar: su dia­rio de los últimos años. La memoria le em­pezó a fallar. Con trazos de quien empieza a dibujar las primeras palabras, ha anotado los nombres de los medicamentos y las horas que tiene que tomarlos. Un apartado tiene las citas médicas pendientes y las especia­lidades que se atiende: cardiología, neurolo­gía, siquiatría, medicina interna, dermatolo­gía, endocrinología.

“En el supermercado cogí una carretilla de una señora de Colón y por casi me da un trancazo. En mi estado, y aunque tenga bastón, nadie entiende que uno está envenenado. Para subir al Metrobús tengo que pelear con todo el mundo, nadie le da el asiento a uno”, se lamenta.

Así, Rosa baja caminando desde la cima donde está su casa para las atenciones en los centros médicos. Se atiende en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, en el Hospital Santo Tomás, en la policlínica de Torrijos-Carter y en el Centro Especializado de Toxicología (TEC), para sobrevivientes del dietilenglicol. De este último salió llo­rando en su última visita.

En el TEC, el doctor Sánchez (no recuer­da el nombre) es el responsable de decidir la suerte o desdicha de los envenenados. El especialista en medicina interna revisa los exámenes que le envían los otros galenos y diagnostica la positividad o negatividad del cuerpo en el paciente. Rosa le entregó el úl­timo reporte médico. Es la segunda vez que la paciente pide a los médicos que revisen su afectación. En 2010 dice que no la evalua­ron bien y la declararon negativa. Ella apeló.

UN VÍA CRUCIS POR UNA PENSIÓN.

En 2013, el gobierno aprobó una pensión vitalicia para los sobrevivientes de $600 mensuales. Menos de 200 personas reciben el dinero. Faltan por certificar 700 personas, según las cifras que maneja el Comité de Familiares de Pacientes por el Derecho a la Salud y a la Vida.

Esta semana Rosa retirará los resultados de un examen del colon en el Santo Tomás. También debe pasar esta semana por el es­tudio que determinará si se somete a una cirugía para corregirle discos de la columna.

“Me dicen que esos órganos me los dañó la diabetes, pero eso no es así. Yo antes de to­mar ese jarabe era sana. Parece mentira que con tantas secuelas que tengo en el cuerpo yo tenga que probar mi afectación cuando ellos saben que me dieron ese medicamento. Los médicos están amañando todo…Uno va a la Caja a hacer los exámenes y que por muy mal que salga le dicen que está bien”.

En julio de este año, tras las manifestación del Comité, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, nombró una comisión que atenderá los reclamos de los pacientes y los familiares que pedían medicamentos, atención expedita, celeridad en el proceso de evaluación de los casos y disminuir los criterios (actualmente son cinco) para reci­bir la pensión.

Las peticiones se discuten en la subco­misión de Salud y Trabajo de la Asamblea de Diputados. En las primeras reuniones se acordó modificar la norma para que con un criterio (que el paciente tenga las secuelas del veneno) se certifique su condición posi­tiva y se le entregue la pensión.

Mientras esta propuesta espera que cambie el año, porque las sesiones ordinarias termi­naron en octubre y habrá que esperar el perio­do ordinario de 2015 para que los diputados discutan la reforma, Rosa recurrirá a la junta médica que le evalúe su caso. “Tengo dos meses incapacitada. Así no puede trabajar”.

EL RASTRO DEL VENENO

De las demandas, Rosa menciona que el único preso fue liberado y que en la Corte Suprema de Justicia el expediente no camina.

“Esos que hicieron el negocio millonario a costa de las vidas de tanta gente siguen fe­lices. Nosotros somos los que quedamos en estado vegetal y peleando por unos centavi­tos. Yo debo dos meses de luz, me la cortaran mañana o pasado. La dieta es otro pro­blema, tengo que comer cosas hervidas y un vaso de leche en la noche. Hace dos meses que el Seguro no nos da la leche. Siempre nos dicen que ya está llegando”.

Ángel de la Cruz, presidente de Medicom S.A, empresa que vendió la glicerina con­taminada fue el único que cumplió prisión. Ahora tiene país por cárcel. De la Cruz, tam­bién querelló por 400 millones de dólares a su proveedor, la española Rafter Internacio­nal, que a su vez le compró a Fortune Way Company.

La Caja de Seguro Social también presentó un recurso legal en Tribunal Europeo de De­rechos Humanos de París contra el gobierno español por el caso de la empresa Rafter. La demanda se fundamentó en que la Justicia de España habría dado la espalda a las víctimas de un delito de lesa humanidad.

A OCHO AÑOS DE LA TRAGEDIA

Las cifras de la tragedia son confusas. Las autoridades hablan de menos de mil, y el Comité estima que hubo unas 10 mil personas afectadas. En la administración de justicia, los sobrevivientes ya perdieron un asalto: las unidades del Sistema de Protección Insti­tucional fueron sobreseídos en el expediente de la golpiza que le dieron a los afectados que se acercaron a reclamarle al entonces presidente Martín Torrijos. Los 700 enfermos que esperan, entre ellos Rosa de 53 años, que el Instituto de Medi­cina Legal certifique los daños del veneno deberán aguar­dar porque no hay personal clínico. Mientras tanto, Rosa sigue subiendo y bajando las aceras del Valle de Urracá con la ayuda de su bastón.

 

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