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TI: Servicios públicos de salud panameños focos de corrupción

El 29 % de los panameños pagó sobornos en algún hospital público del país en 2016, lo que convierte a la sanidad en el servicio público de Panamá con mayor nivel de corrupción, según un estudio publicado por la ONG alemana Transparencia Internacional (TI).

“Cuando los servicios son ineficaces y no funcionan, se abren espacios para que aparezca la corrupción”, afirmó este lunes en rueda de prensa la representante de la asociación en Panamá, Olga de Obaldía.

La activista explicó que muchas personas pagan sobornos en los hospitales públicos panameños para no esperar cola en urgencias, para conseguir una cama en una habitación, para adelantar una cita con un especialista o bien para adquirir algún medicamento.

“Existe toda una red interna (en la sanidad pública) para avisar de que los medicamentos llegaron, porque quien antes llega a la ventanilla antes recibe la medicina”, declaró De Obaldía.

Tras la sanidad, los servicios públicos básicos donde los panameños pagaron más sobornos son, por orden, las escuelas (26 %), la policía (20 %), los documentos de identidad (18 %), el agua y los servicios sanitarios y eléctricos (16 %) y los tribunales de justicia (11 %), resaltó.

La ONG publicó hoy en Berlín, Alemania, el informe denominado “Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe”, en el que evalúa el estado de la corrupción en seis servicios públicos de la región tras entrevistar a más de 22.000 personas en 20 países latinoamericanos.

México es el país donde más encuestados aseguraron haber pagado sobornos en alguno de los seis servicios públicos que fueron estudiados, con un 51 % de los interrogados, seguido por República Dominicana (46 %), Perú (39 %), Venezuela (38 %) y Panamá (38 %).

“No hay ni un solo país en Latinoamérica que no esté tocado por la corrupción, que es un acto criminal que involucra siempre a dos partes: al Estado que presta los servicios y a las personas o las empresas que, por diversas razones, deciden participar”, afirmó De Obaldía, que dirige la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, la asociación panameña que representa a TI en el país.

El informe también señala que el 52 % de los encuestados panameños considera que estas prácticas están en aumento (frente al 62 % del promedio regional), una cifra que se queda “corta” para la activista, ya que la encuesta se realizó entre mayo y junio de 2016, cuando en Panamá aún no había estallado el escándalo de los sobornos de la multinacional Odebrecht.

El estudio de TI indica además que el 57 % de las 1.000 personas que fueron preguntadas en el país declaró que el Gobierno panameño no está combatiendo con determinación la corrupción (frente al 53 % del promedio regional) y que el 69 % se siente obligado socialmente a denunciar un acto de corrupción, una cifra pareja a la media regional.

De Obaldía dijo que la principal solución pasa por fortalecer los controles dentro de las propias instituciones y conseguir que los funcionarios puedan denunciar actos ilícitos sin miedo a sufrir represalias, una práctica que se conoce como “whistleblowing”.

“El que hace bien su trabajo en las instituciones públicas se queda desmoralizado por el que lo hace mal. Eso no hay manera de resolverlo si dentro no tienes personas que sean capaces de ayudar a limpiar la propia institución”, lamentó.

Las diferencias entre esta encuesta de TI y su popular Índice de Percepción de la Corrupción tienen que ver, principalmente, con que éste pregunta por la experiencia personal de personas corrientes, mientras que el segundo interroga a expertos.

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